Las viviendas ilegales, más cerca de la regularización

La reforma de la ley urbanística da más facilidades para que las casas fuera de ordenación legalicen su situación aunque estén en terrenos protegidos

A punto de atravesar el ecuador de la legislatura, el Consell del Botànic ha aprobado una modificación sustancial de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje (Lotup). El texto, que tiene que pasar todavía su trámite parlamentario, da más facilidades a los propietarios de viviendas construidas sobre terrenos no urbanizables para lograr su legalidad.

El jefe del Consell, Ximo Puig, se ha involucrado personalmente en este asunto encabezando la presentación de esta ley. «Hay que suturar la herida causada en nuestro territorio por culpa del urbanismo en B y la caótica herencia recibida».

Al contrario de lo que podría pensarse por estas declaraciones, el texto da más facilidades para convertir en legales estas viviendas que las del texto del PP.

Si prospera la reforma propuesta, podrá suspenderse la tramitación de expedientes de restablecimiento de legalidad urbanística. Es decir, el requerimiento realizado por la Generalitat a los propietarios, siempre y cuando se haya expuesto al público un expediente de minimización de impacto. Este documento hará posible legalizar las viviendas en suelo no urbanizable.

El nuevo modo de actuar queda completado con el apartado cuatro del artículo 210 que dicta que para legalizar aquellas edificaciones construidas sobre suelo que «goce de cualquier tipo de protección por sus valores ambientales, bastará con un informe previo vinculante de la Administración con competencias afectadas».

Los expertos consultados advierten de que este protocolo supone dar «manga ancha» a la legalización de las miles de viviendas «diseminadas» que pueblan la Comunitat. De hecho, la Generalitat también ha incluído un artículo para cubrirse las espaldas que la exonera de responsabilidad si las casas legalizadas por esta vía sufrieran daños por inundaciones o incendios forestales.

La consellera de Vivienda, María José Salvador, explicó durante la presentación del anteproyecto que la falta de capacidad del Gobierno del PP en disciplina urbanística provocó una gran cantidad de viviendas aisladas. De ahí, que la ley quiera dar una solución «realista» al problema obligándoles a minimizar el impacto ambiental y paisajístico con la dotación de sistemas de evacuación de aguas. Salvador apuntó a que también se dará seguridad jurídica a las familias porque podrán tramitar la regulación de manera individual en lugar de tener que poner en marcha un plan especial que limitaba sus posibilidades. Se podrán acoger todas las construidas antes de 2015.