Ribera Salud critica la doble vara de medir de la Generalitat

Alberto de Rosa cuestiona que haya concursos para unos servicios y para otros no

La reversión del Modelo Alzira que ha prometido la Generalitat Valenciana sigue generando dudas no solo en la plantilla de los centros hospitalarios afectados y en el ámbito jurídico, sino que despierta serias críticas en el sector empresarial. Ayer se reunieron para debatir la sostenibilidad del sistema sanitario y concluyeron que la sanidad privada «aporta valor».

Pero el crítico más duro con el Gobierno valenciano fue el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, quien cuestionó que la Generalitat saque a concurso algunos servicios sanitarios y otros no, en alusiones a la licitación del servicio de hemodiálisis ambulatoria que la Conselleria de Sanidad ha sacado a licitación recientemente.

Tras insistir en reiteradas ocasiones en ofrecer «la mano tendida» al Consell para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, De Rosa defendió que existen muchas fórmulas de colaboración. En este punto recordó que en otras comunidades autónomas, incluso las de corte progresista, están vigentes colaboraciones entre el sistema público y el privado.

Al respecto, el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, justificó que la colaboración público-privada es necesaria, sobre todo en Administraciones autonómicas con problemas financieros como el valenciano, y declaró que la buena gestión «también es progresista», por lo que pidió a los Gobiernos de distintos ámbitos que apuesten por esa cooperación.

Navarro fue más allá en su crítica y lamentó que prime la ideología en las decisiones sobre el modelo sanitario porque eso no significa «que sea lo mejor para el ciudadano». A su juicio, en el Consell de Ximo Puig imperar «la ideología ante la practicidad».

Por su parte, el presidente de IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, aseguró que la colaboración del sector privado es parte de «la historia de éxito» de la sanidad en España, y señaló que su aportación es crear empleo, liberar recursos del sistema público, ofrecer calidad y mejora continua.

En su conferencia en la sede de la patronal CEV, señaló que los modelos de concesión administrativa permiten asegurar la inversión necesaria de capital sin incremento de la deuda pública, y a través de este modelo se obtiene un costa un 25 por ciento inferior a la media de gestión pública.

Para sostener este punto esgrimió un estudio multinacional desarrollado en la Universidad de Berkeley (EEUU) en el que se aseguraba que el hospital de La Ribera ahorró en el año 2012 casi un 30 por ciento al Consell por cada uno de los 250.000 habitantes que atendió este hospital. Además, según el informe, un ciudadano cuesta a la Administración pública 1.324 euros en departamentos de gestión pública directa mientras que en la concesión, ese mismo ciudadano cuesta a la red pública 931 euros.

Una reversión en duda

Diversos expertos en derecho mercantil y social han puesto de manifiesto la complejidad laboral y administrativa de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera por parte de la Generalitat. Nicolás González-Deleito, de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, cree que «la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia establece que esta decisión debe estar basada en un interés público y debe realizarse previa audiencia de la empresa concesionaria». Por su parte, Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pone de manifiesto «la complejidad que supondría para la Administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores».