Soluciones a los desahucios, entre la ayuda y la expropiación

El plan antidesahucios de la Junta de Andalucía ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. El debate se ha extendido al resto de las Autonomías que han hecho un esfuerzo especial durante los últimos días para hacer más visible las medidas desarrolladas para atender a las personas que pierden su hogar por una ejecución hipotecaria.

La Generalitat valenciana no ha tenido problemas en reconocer abiertamente que no está dispuesta a expropiar las viviendas a los bancos. «Es más rápido negociar con ellos. Frente a expropiaciones exprés, nosotros buscamos soluciones exprés», aseguraba el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante una sesión de control en el Parlamento, al mismo tiempo que anunciaba la firma de un convenio entre la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permitirá a las Administraciones conocer dónde y cuándo se va a producir un desahucio y de qué manera se puede garantizar una vivienda para los afectados.

«Ninguna familia valenciana pasará una sola noche sin vivienda», sentenció Fabra. El último pleno del Consell aprobó el convenio de colaboración.

Este acuerdo sirve para dar agilidad al plan extraordinario de alquiler de vivienda social puesto en marcha por la Conselleria de Infraestructuras y Territorio y que pone a disposición el parque público del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) para atender los casos de las personas que hayan quedado sin vivienda.

El cambio de perfil de las familias demandantes de pisos sociales obligó a dar un vuelco a los tradicionales planes de vivienda y la situación económica, también de la Generalitat, a revisar qué estaba ocurriendo en un parque de vivienda público que suma 15.156 pisos.

Así, ahora se sabe que 1.200 están vacíos. El Ivvsa trabaja para adecuar 625 y poderlas entregar a personas que se queden sin su vivienda. A día de hoy, 139 se han concedido a familias necesitadas (44 para personas que no pagaron su hipoteca al banco), otras 121 están acabándose de rehabilitar y se está estudiando el estado de 189 más para comenzar cuanto antes con los trabajos.

El alquiler máximo de estas viviendas asciende a 250 euros, cantidad que puede quedar bonificada hasta el 90 por ciento, en casos de extrema necesidad. De hecho, el 70 por ciento de los beneficiarios pagan menos de cien euros al mes.

Expropiar o donar

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, siempre muy clara en sus palabras, expuso estos datos como aval a la política del Consell y lanzó un provocador llamamiento a todos aquellos que siguen pensando que la expropiación propuesta por el Gobierno de Griñán es la mejor solución. «Los socialistas y comunistas con extenso patrimonio deberían ponerlo a disposición de los ciudadanos, si creen en que la vivienda tiene una función social».

Ejemplos, hay. Según consta en la declaración de bienes realizada por la portavoz de EU, Marga Sanz, tiene cuatro propiedades en Valencia con un valor catastral de 105.998 euros. El diputado socialista Ciprià Císcar declaró poseer una docena de inmuebles, cuyo valor catastral asciende a 1,2 millones y su también compañero de partido Oscar Tena declaró otras diez. Bonig sabía de lo que hablaba.