Una ampliación sobre cimientos de barro

El proyecto de ampliación del Palacio de Congresos de Valencia se tambalea. Retrasos en la concesión del crédito de 24 millones y el jarro de agua fría que han supuesto los resultados económicos de la entidad durante 2012 ponen en riego el plan de la entidad que dirige José Salinas. Porque si bien preveía unos ingresos de 3,5 millones, el recinto tuvo que conformarse con 2,2. Es más, sus beneficios de 858.000 euros podrían no ser suficientes para que las entidades financieras -se está negociando con el BBVA- prestaran sus recursos y confiaran en su viabilidad. Una delicada situación que contrasta con el salario de 69.322 euros brutos -más de 1.700 euros por encima del sueldo del presidente de la Generalitat- que cobrará Salinas este año, según denunció recientemente el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento.

Pero el proyecto también amenaza con convertirse en uno de esos asuntos que dividen a los grupos políticos, tejido empresarial y sociedad civil. Así, mientras para unos los 24 millones que se invertirán se justifican con la creación de más de mil nuevos puestos de trabajo, para otros evidencian la repetición del tic político de los grandes proyectos que contribuyeron a acelerar la crisis económica. Esa es la visión que comparten Esquerra Unida y Compromís, que en reiteradas ocasiones han ido de la mano en sus críticas a este plan. Del lado del Gobierno de Rita Barberá está, sin embargo, el PSPV-PSOE, que considera la ampliación del recinto como un potencial motor de la economía local, imprescindible en esta época de apuros financieros.

Pero las denuncias de la oposición no han seguido una línea lógica. Al menos a tenor de las decisiones que han ido aprobando o rechazando. Porque, según el concejal y portavoz adjunto del PSPV en el Consistorio, Salvador Broseta, mientras que su grupo siempre ha apoyado la ampliación, los vaivenes de Compromís y EU resultan confusos.

Así, Broseta cuenta cómo en el último Consejo de Administración que celebró el Palacio de Congresos el pasado 27 de marzo, tanto la agrupación que lidera Amadeu Sanchis (EU), como la de Joan Ribó (Compromís) votaron a favor de asignar 774.000 euros del remanente de Tesorería al presupuesto del ejercicio 2013 «como reservas para mejorar y ampliar las instalaciones y edificios afectos». Un «voto unánime» que contradecía las declaraciones, por ejemplo, del portavoz de Esquerra Unida, para quien el PP debería renunciar a una obra que considera «innecesaria y rechazada desde el punto de vista social, económico y empresarial».

Empresarios en contra

Estas dudas se extienden también entre los empresarios. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) considera que la oferta actual de la ciudad para acoger este tipo de encuentros es suficiente, pues no solo el centro de eventos de Feria Valencia cuenta hoy en día con una baja ocupación, sino que incluso el Ágora de la Generalitat está infrautilizada.

Una visión que comparte la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia cuyos portavoces creen que actualmente existen otras prioridades en la gestión municipal que la de levantar otra nueva infraestructura.

Pero al parecer, los contrarios al proyecto poco tienen que decir al respecto, pues de momento el futuro de la entidad pasa exclusivamente por el «sí» del BBVA y del informe que al respecto emitirá el Consell Jurídic Consultiu el próximo mes de julio. Si todo sale según lo planeado, Valencia podría tener su nuevo Palacio de Congresos antes de 2016.

Foster se baja el sueldo y no cobrará dos millones

El arquitecto Norman Foster, autor del actual Palacio de Congresos y al que se le encargó el diseño de la ampliación, ha aceptado reducir sus honorarios y dejar en poco más de millón y medio de euros la redacción del proyecto. Las previsiones iniciales eran de tres millones de euros, que debían sumarse a los 400.000 euros que el británico ya ha cobrado por el estudio previo.