El acosador de Valdeluz organizaba coros con alumnas en un chalet

Algunas jóvenes del colegio habían acudido, fuera del horario escolar, a una casa que Andrés Díez tenía en Sevilla La Nueva para cantar y mejorar sus habilidades musicales

Andrés Díez Díez, el profesor del colegio Valdeluz acusado de abusar de siete de sus alumnas en el centro, es propietario de un chalet en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva en donde «organizaba coros y excursiones con algunas de las chicas» según han asegurado a LA RAZÓN fuentes cercanas a las alumnas. Las actividades en este apartado lugar se habrían realizado en horario extraescolar y a ellas habrían acudido, de manera frecuente, algunas de las jóvenes.

Las fuentes, que prefieren mantener el anonimato, piden que se investigue la posible comisión de delitos en este inmueble.

La vivienda se encuentra situada en la Avenida de Guadarrama del citado municipio y, según consta en el catastro, la parcela tiene una superficie de suelo de 501 metros cuadrados, de los que 329 están construidos. Además, dispone de un pequeño jardín en la fachada de la casa, separada de la calle por una valla, y una piscina en la parte trasera de 26 metros cuadrados. Todo ello en una acomodada urbanización con vistas a la Sierra de Guadarrama, tranquila y junto al Encinar de Perales. Un lugar perfecto para escaparse y descansar.

El profesor había radicado en este chalet la sociedad limitada con la que posteriormente creó la academia donde, supuestamente, cometió los abusos. Así, el domicilio social de Melodía Siglo XXI SL (así se llama la academia del Valdeluz) aparece en el registro como inscrita en dicha dirección. Se especifica en el mismo que su objeto social es la «realización de actividades relacionadas directa o indirectamente con la música. Enseñanza de solfeo, Armonía, Composición, Arte Musical, Historia de la Música y Estética Musical». Estas actividades son, casi con exactitud, las asignaturas que Andrés Díez impartía en la academia de Valdeluz, que además daba clases de Ética y Filosofía en el colegio.

A la hora de dar de alta la sociedad en el registro, Díez aseguró que el rango de empleados de su empresa se encuentra «entre 5 y 25» y que su rango de ventas anual se sitúa en el intervalo «entre 300.000 y 600.000 euros». La empresa está dada de alta con dos administradores únicos, Andrés Díez y su mujer, Pilar. Esta última está libre de cargos y, al parecer, defiende la inocencia de su marido y asegura no saber nada.

Según varios testimonios, la mayoría de los tocamientos se habrían producido en clases individuales de piano, a la hora de comer, y en un edificio en el que apenas pasa gente a esa hora.

Hasta la fecha, Andrés Díez está acusado de cometer los abusos, con el agravante de ser una autoridad para las jóvenes, mientras que el ex director del colegio, Eustaquio Iglesias, y el jefe de estudios del centro educativo, Juan José De Cossío, se encuentran acusados de encubrimiento al, supuestamente, conocer los hechos y no denunciarlos. Tal y como ya publicó este diario, diferentes fuentes aseguran que estos dos últimos siempre se pusieron a disposición de los padres si estaban dispuestos a defender sus acusaciones y denunciar los hechos. Algo que, durante años, no ocurrió.

Podrían declarar el 30

Tanto el jefe de estudios como el director del Valdeluz podrían declarar el próximo 30 de marzo ante el juez por un delito de omisión del deber de informar crímenes y delitos en relación al caso de abusos sexuales atribuido a uno de los docentes de este centro educativo.

Así lo señaló a Europa Press su abogado defensor, si bien precisó que el magistrado baraja otra fecha para la declaración. Por ahora, el juez de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, no ha señalado formalmente la citación.

Ambos acusados quedaron el pasado jueves en libertad con cargos tras declarar en sede policial. Se les detuvo por presuntamente encubrir los delitos de abuso sexual atribuidos a uno de los profesores del centro, quien ya cumple prisión preventiva en Soto del Real.

El pasado martes, tras producirse la detención de Díez en el centro escolar y al conocerse los hechos por las acusaciones de la Policía (que incluían violación y exhibicionismo, algo que posteriormente el juez descartó) el colegio se puso a disposición de los padres para ayudarles en todo lo que fuera necesario y, un día después, emitió un comunicado en el que negaba conocer los hechos y explicaba nuevas medidas. Entre estas, ofrecían psicólogos para quien pudiera necesitarlo y establecían un nuevo protocolo para que la información entre el colegio y los padres fuera más fluida.

En el centro Valdeluz, en parte por la sorpresa, en parte por la incredulidad e indignación ante los hechos, impera el silencio.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN ALIENTA EL DEBATE SOBRE CÓMO ACTUAR EN ESTOS CASOS

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Lucía Figar, afirmó ayer que el Ejecutivo autonómico cumplió el protocolo establecido ante la denuncia recibida sobre presuntos abusos a menores en el colegio Valdeluz, pero cree que «no es de sentido común» que Asuntos Sociales no trasladara a Fiscalía las denuncias de abusos. Figar también aseguró que a instancias de Educación no llegó ninguna denuncia, como sí parece que llegó a un centro de Servicios Sociales, donde «siguiendo los protocolos establecidos se dijo a la familia que lo denunciara a la Policía». Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, recalcó que la Comunidad «no puede sustituir a los padres» y denunciar abusos sexuales realizados a sus hijos menores edad porque es una decisión que sólo compete a los progenitores, tal y como establece la legislación. Las opiniones se sucedieron a lo largo del día y, por ejemplo, la presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, Tina Alarcón, pidió que se lleve a cabo un cambio en el Código Penal para obligar a las instituciones públicas a denunciar posibles casos de violación que estén en su conocimiento, «especialmente si afectan a menores». En este sentido, el psicólogo y ex defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, aseguró que «siempre» que alguien tenga conocimiento de un caso de abusos a menores debe comunicarlo a la justicia, o a la autoridad competente más cercana, porque ante todo hay que defender «el mejor interés» para la infancia.