Cifuentes lleva a Carmena a los tribunales

Recurre el acuerdo del Pleno municipal que anuló la operación Castellana Norte para proteger «el interés de los madrileños» en el proyecto

Castellana Norte ha terminado por romper el clima de acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La decisión unilateral que el pasado mayo tomó el consistorio de Manuela Carmena de anular el proyecto para el desarrollo de la operación Chamartín que habían acordado la anterior Corporación madrileña, el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional en 2015 ha enfrentado al equipo de Ahora Madrid con el resto de administraciones implicadas. Primero fue Fomento, después los propietarios del suelo y desarrolladores del proyecto –BBVA y San José –, que denunciaron la semana pasada la revocación del plan ante los tribunales. Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lleva también ante la Justicia el «no» de Carmena a Castellana Norte.

En concreto, el Gobierno regional ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que el pasado 25 de mayo anuló la operación Castellana Norte para sustituir este proyecto por otro denominado Puerta Norte para desarrollar el urbanismo en los mismos terrenos sin contar con el beneplácito de los propietarios del suelo. Según explicó ayer Cifuentes en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la renuncia del consistorio a continuar la tramitación del convenio urbanístico rubricado por las tres administraciones implicadas «conculca los principios de buena fe y confianza legítima entre las administraciones públicas» y se ha hecho «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», lo que supondría una base jurídica suficiente para reclamar ante la Justicia.

Es más, según consideró ayer la presidenta regional, el hecho de que la renuncia a desarrollar Castellana Norte se haya hecho de forma unilateral, sin dar audiencia al resto de los firmantes y sin aducir motivos legales que impidan llevar a cabo el convenio para poner en marcha la operación. Un contacto que tampoco tuvo la alcaldesa madrileña para explicar su plan alternativo a Castellana Norte, que presentó sin tener en cuenta a ninguna de las administraciones implicadas, ni a los propietarios del suelo, y que «reduce a la mitad las infraestructuras y los puestos de trabajo» que se podrían crear.

Es más, Cifuentes explicó que el recurso que ha interpuesto la Comunidad señala que el Ayuntamiento ha hecho una interpretación interesada de la Ley del Suelo para anular el desarrollo de la operación y recuerda que el consistorio madrileño, aún teniendo la potestad de planeamiento, no puede adoptar acuerdos sin motivación suficiente porque podría incurrir en una desviación de poder. Es más, los servicios jurídicos del Gobierno regional recuerdan que pese a la negativa de Carmena a negociar un nuevo convenio para desarrollar el Plan Parcial, existe un convenio firmado el 10 de noviembre de 2011 entre todas las administraciones que sigue vigente y por tanto también las condiciones que en él se recogen, entre ellas la obligación del Ayuntamiento de aprobar dicho Plan Parcial.

En febrero de 2011, la Corporación municipal al mando del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón aprobó en el Pleno, con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU, un Plan Parcial de Prolongación de la Castellana contemplaba una inversión de 11.000 millones de euros y reordenaba el planeamiento en torno al penúltimo proyecto aprobado. Así, en noviembre de aquel año se disolvió el anterior consorcio formado por los propietarios del suelo –Fomento, la Comunidad y el Ayuntamiento y los privados–, para que las Juntas de Compensación desarrollaran el ámbito.

Este proyecto quedó a merced de la Justicia en 2013 por un conflicto con la Ley del Suelo regional que limitaba las alturas. Sin embargo, continuaba vigente puesto que el nuevo convenio que se presentó en 2015 estaba pendiente, precisamente, de que el consistorio madrileño aprobase definitivamente un nuevo Plan Parcial que sustituyese al anterior. La alcaldesa Ana Botella aprobó de forma inicial el Plan de Castellana Norte, pero Carmena desistió el pasado mayo la tramitación, pese a contar con todos los informes favorables al mismo. El único trámite pendiente era su aprobación definitiva en el pleno municipal, y su renuncia –que es la que han recurrido tanto la Comunidad de Madrid como los promotores de DCN–, hacen que el Plan de 2011 siga vigente.

920 millones

Pese al enrarecimiento de las relaciones entre Sol y Cibeles que supone el recurso del Gobierno regional al acuerdo plenario –que Cifuentes negó fuese un atentado contra la autonomía municipal, sino una «defensa del interés general de los madrileños»–, las consecuencias más graves de la decisión unilateral del equipo de Carmena las sufrirán las arcas municipales, ya que tanto la promotora Castellana Norte como Fomento reclaman hasta 920 millones de euros por la pérdida patrimonial que les supone el desestimiento del Ayuntamiento de desarrollar el planeamiento. En el caso de DCN, al recurso que presentaron la semana pasada contra el acuerdo del pleno municipal, por una presunta desviación de poder y falta de motivación en su acción –al igual que la Comunidad, consideran que no hay argumentación técnica y jurídica suficiente para tomar dicha decisión–, prevén presentar otra demanda que reclame el perjuicio patrimonial de más de 120 millones de euros que les supone el cambio de planes de Carmena.

Además, el Ministerio de Fomento apercibió el pasado mayo al Ayuntamiento de Madrid por anular el desarrollo de Castellana Norte y les recordó que tanto Renfe como Adif han invertido 700 millones de euros en obras públicas relacionadas con convenio firmado entre las administraciones para la Prolongación de la Castellana, cuya inversión se ha adelantado con cargo a los aprovechamientos de la venta de suelo en la operación. Inversión que, de no ejecutarse, reclamarían judicialmente.

Puerta Norte también en manos de Sol

Después de desestimar el desarrollo de Castellana Norte, el Ayuntamiento de Madrid presentó el proyecto alternativo Puerta Norte, que deberá cumplir con todos los trámites de cualquier planeamiento urbanístico. Esto supone que debe recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid. La última vez que hubo una diferencia de opiniones urbanísticas entre Sol y Cibeles por un proyecto para la ciudad –el eje Prado-Recoletos entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón– el silencio administrativo, entendido como negativo, del Gobierno regional enterró las aspiraciones municipales.