Ayuntamiento de Madrid
La Gran Vía se convierte en un callejón sin salida para Calvo
El concejal de Urbanismo vuelve a cambiar el proyecto de reforma: reduce el plazo de obras a diez meses y el coste a cinco millones.
El concejal de Urbanismo vuelve a cambiar el proyecto de reforma: reduce el plazo de obras a diez meses y el coste a cinco millones.
La peatonalización de la Gran Vía no se termina de cerrar. Y es que, aunque el proyecto de reforma de la céntrica calle para reducir su tráfico ya está en licitación, sus términos han sufrido ya varias modificaciones. El penúltimo capítulo de las idas y venidas del Ayuntamiento y de José Manuel Calvo, el delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible, sobre el tema se produjo ayer en la comisión municipal de urbanismo.
Allí, Calvo dio una nueva versión sobre los tres puntos principales de la reforma: cuándo se producirá el cierre, cuánto costarán los trabajos y durante cuántos meses se prolongaran.
Respecto al cierre del tráfico a los no residentes, Calvo ratificó que éste no se producirá después de navidades, cómo él anunció en una entrevista en Onda Madrid –«no tendría mucho sentido volver a abrir la Gran Vía al tráfico un mes después (de Navidad)», dijo entonces–, sino en febrero, mes en el que se prevén que comiencen los trabajos. Así, entre el fin de la campaña navideña y la fecha de inicio de las obras, todos los coches (incluidos los de los no residentes) circularán por Gran Vía como hasta ahora. Una alteración del plan inicial que Calvo quiso achacar a un malentendido: «No se ha rectificado nada. Se dijo que se mantendrían las restricciones del dispositivo de Navidad y es lo que se va a hacer», aseveró. Además, durante este período anunció que se mantendrán las vallas para delimitar el espacio peatonal como medida disuasoria, algo que había negado la semana anterior.
Sobre los continuos cambios de presupuesto –en enero se anunció un coste de cinco millones y hace una semana se elevó hasta los nueve–, Calvo explicó que las obras podrían tener un coste cercano a la primera cifra, aunque se liciten en nueve millones. Y es que, según la versión del delegado de Urbanismo, las empresas que tratan de hacerse con el proyecto concursan con ofertas menores al precio de la licitación. Además, Calvo apoya su argumentación en otro hecho: el Consistorio está adjudicando obras por un coste un 25% menor al licitado en un principio. Por eso, según las cuentas del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, el coste del proyecto se acercará más a los cinco millones que a los nueve.
Otro de los puntos sobre los que Calvo cambió ayer su versión es la correspondiente al plazo de ejecución. En mayo, durante el debate del Estado de la Ciudad, Manuela Carmena señaló que las obras durarían ocho meses. Hace siete días, Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento explicó que las obras se prolongarían durante algo más de un año. Y ayer Calvo estableció un plazo intermedio: podrían acortarse 10 meses. Todas estas incógnitas que ayer el delegado no supo despejar sirvieron de artillería a los miembros de la oposición en la comisión.
Así, Mercedes González, la portavoz del PSOE –socio de investidura de Carmena– en la comisión, pidió a Calvo que dé «más información y sobre todo más clara» sobre el proyecto. González repasó también los continuos cambios de criterios e ironizó sobre la postura del delegado de urbanismo y sus explicaciones: «No pasa nada por rectificar», señaló González.
Por su parte, Álvaro González, la voz del Partido Popular en la comisión, criticó la falta de un criterio unificado sobre la reforma de Gran Vía y condenó que el «referéndum» sobre la remodelación de la principal arteria del centro de Madrid estaba formado por «preguntas trampas» porque «no preguntaron si la gente quería cerrar la Gran Vía».
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