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La Justicia da vía libre a la externalización sanitaria

La Razón
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado la suspensión provisional del concurso de externalización de seis hospitales públicos iniciado por la Comunidad de Madrid, al no admitir el recurso presentado por el PSM.

El proceso para externalizar la gestión de seis hospitales públicos de Madrid seguirá adelante. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad al rechazar de plano el recurso planteado por los socialistas madrileños. La decisión llega después de que el pasado 10 de julio este mismo tribunal ordenara su suspensión temporal. La izquierda y los sindicatos celebraron entonces este dictamen como una victoria, pero el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, lanzaba una advertencia: «El tribunal no ha tumbado absolutamente nada». El tiempo ha venido ahora a darle la razón a Lasquetty: el TSJM levanta la medida cautelar tras aceptar las alegaciones presentadas por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. De esta forma, el cambio de gestión planteado por el Gobierno de Ignacio González para ahorrar 168 millones de euros seguirá su curso y los centros hospitalarios de San Sebastián de los Reyes, Coslada, Arganda del Rey, Aranjuez, Parla y Vallecas comenzarán a ser dirigidos por empresas privadas a partir de septiembre.

El principal argumento planteado por el Gobierno madrileño giraba en torno a la falta de legitimación procesal de los socialistas madrileños para reclamar la paralización del proceso de ajudicación de los hospitales. Y es precisamente este punto el que el TSJM estima en su resolución de ayer. Según el auto, los diputados y concejales del PSM «no ostentan de ningún modo un ''interés legítimo'' ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí les otorgaría legitimación para impugnar la misma por la concurrencia de un evidente ''interés legítimo'', ni pueden articular su invocada legitimación para impugnar tal convocatoria sobre la base de un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde».

Añade la resolución judicial que, conforme a la jurisprudencia existente en esta materia, ni los diputados autonómicos ni los concejales socialistas que firmaron el recurso disfrutan de un interés legítimo, «máxime cuando actúan en su propio nombre y como simples usuarios de los seis hospitales cuya gestión sanitaria especializada se saca a concurso, sin que se atisbe ni se acredite en qué medida la concesión de tal gestión les puede afectar negativamente». Concluye, en definitiva, el TSJM que «los pretendidos actores carecen de la legitimación activa que dicen ostentar».

El recurso presentado por el partido liderado por Tomás Gómez planteaba que la modificación de la fianza solicitada a las licitadoras –se introdujo una corrección de errores en los pliegos por la que se fijó la garantía en un 5% del importe anual del contrato– «podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva». Por este mismo motivo, el sindicato Afem presentó otro recurso, cuya resolución judicial está todavía pendiente.

Tras conocerse el auto del TSJM, Fernández-Lasquetty se felicitó de que la Justicia no sólo levante «la suspensión y permita que siga avanzando la externalización de seis hospitales, sino que rechaza por entero el recurso del PSM, con todos sus argumentos incluidos». Según el responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista y su líder, Tomás Gómez, deberían «pedir perdón a los madrileños y, quizás, a sus propios afiliados, ya que estos recursos suponen unos costes y se sabía que estaban destinados al fracaso».

Una vez superado este obstáculo, el proceso de adjudicación sigue adelante y el siguiente paso será la firma de los contratos con las tres empresas adjudicatarias –Ribera Salud, BUPA-Sanitas e Hima San Pablo– y el abono por parte de éstas de la fianza. La intención es que en septiembre comiencen a gestionar los seis hospitales, cuya plantilla, tal y como recogen los pliegos, deberá ser asumida en su totalidad por las licitadoras.