La Justicia procesa al ex alcalde de Getafe por el «caso Aparcamientos»

El Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe ha adoptado la decisión de procesar al ex alcalde de Getafe, Pedro Castro, al hijo de éste y ex concejal de Hacienda, David Castro; a la ex concejala de Obras del consistorio, Cristina González, así como a otros dos ex ediles, además de a varios técnicos municipales dentro del «caso Aparcamientos». A través de un auto fechado el pasado 4 de febrero, este juzgado da así un paso más respecto a la situación de estos políticos, que hasta ahora estaban imputados por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Tanto Pedro Castro como el resto de responsables políticos implicados –los ex ediles David Castro, Cristina González, Silvia Uyarra y José Manuel Vázquez– continúan en esta legisltura siendo cargos públicos, al formar parte como ediles de los grupos del PSM y de IU.

El juez ha dado el paso de procesar a los imputados al considerar que hay indicios fundados de que estas personas sean responsables de los hechos sometidos a la investigación. Este caso tiene su punto de origen cuando el Ayuntamiento que dirigía Pedro Castro adjudicó en régimen de cooperativa (los cooperativistas con sus cuotas acceden a una plaza) la construcción de 461 plazas de aparcamiento subterráneo para residentes y su explotación, por un plazo de 40 años, a Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña. Se daba la circunstancia de que esta empresa estaba presidida en el momento de la adjudicación por José Miguel Vieito Aguado, marido de la por entonces concejala de Obras, Cristina González. El concurso fue resuelto en julio de 2007 y a él concurrieron dos empresas, de entre las que, finalmente, terminó imponiéndose la de Vieito, gracias, entre otras cosas, al voto de la concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento, también esposa del presidente de la compañía adjudicataria. En 2009, la junta de Gobierno de Castro modificó el pliego de condiciones y el contrato de adjudicación de su parking, para ampliar el plazo de construcción y de explotación de los 40 años iniciales a 60. De nuevo esta modificación avalada por el Gobierno local también contó con el voto favorable de la ex edil de Obras. En la denuncia presentada en su día por el Partido Popular, se ponía de manifiesto cómo el voto de Cristina González, tanto en el concurso de 2007 como en la modificación del contrato con la empresa que preside su esposo en 2009, supuso una vulneración «muy grave» de la ley de contratos. No en vano, el articulado de esta norma prohíbe taxativamente los contratos a «cónyuges y a personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes». Del mismo modo, la ley de incompatibilidades obliga a los cargos públicos a «inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil».

Dentro de esta investigación, el pasado año, el Grupo 22 de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, que lleva la investigación, acudió al consistorio de la localidad para pedir más documentación que ayude a esclarecer la presunta trama de corrupción de los aparcamientos públicos, que afectaría a cinco parkings y cuyo beneficio según los cálculos realizados por el Partido Popular, podrían llegar a ascender a hasta una cantidad cercana a los 12 millones de euros.