La ruina de las academias por culpa de «juniembre»: de 150 alumnos, a 5

Valoran en más de dos millones de euros las pérdidas por la ausencia de estudiantes en los meses de verano y se están provocando despidos e incluso cierres. Ciudadanos pide la comparecencia del Consejero de Educación y exige la vuelta a las recuperaciones de septiembre.

«Juniembre», como los estudiantes han empezado a denominar el adelanto de los exámenes del mes de septiembre a junio, está generando un descalabro económico importante en las academias de refuerzo y recuperación de asignaturas que han visto menguar el número de alumnos de manera muy significativa y está provocando despidos e incluso cierres. La Asociación de Academias de Enseñanza de Madrid (Ascade), que agrupa a 80 centros privados (pequeñas empresas o autónomos) ha estimado ya en más de dos millones de euros el impacto económico del «juniembre» puesto en marcha, por primera vez, este curso académico.

«Antes hacía el 50% de la facturación de mi academia durante los meses de junio, julio y agosto y tenía una media de 150 alumnos, pero este año solo han venido cinco. He tenido que despedir a los cuatro profesores que tenía y me he quedado yo solo», explica Abdel Aboutayeb, director y propietario de la academia Futura, situada en el madrileño barrio de El Pilar.

«Tengo siete centros y he tenido que reducir a la mitad el horario de apertura de todos ellos, despedir al 25% de la plantilla y a otro 25% no renovarle porque no se llenan las academias», se lamenta Antonio Barreiro, presidente de Ascade.

«La medida pone en riesgo la pervivencia de un sector que, desde hace muchos años y de forma totalmente honrada, está colaborando en la mejora de la formación en enseñanzas medias y que ha sido, desde siempre, un complemento útil a la extraordinaria enseñanza pública con la que contamos en nuestro país. Nos apena que las autoridades educativas no tengan en cuenta a un colectivo que genera puestos de trabajo altamente cualificados, ya que son profesores titulados universitarios y que contribuye no sólo a la formación de sus alumnos, sino a la economía de nuestra comunidad autónoma», añade Barreiro.

Por otro lado están las consecuencias académicas que, a su juicio, acarrea la medida ya que la asociación es de la opinión de que «la supresión de los exámenes producirá efectos negativos en la formación de nuestros jóvenes porque no se premia el esfuerzo ni se penaliza la indolencia y tanto unos alumnos como otros tendrán las mismas vacaciones». Y es que «se pretende que los estudiantes que en ocho meses no han sido capaces de asimilar correctamente todo el programa lo hagan en dos semanas, lo que supone que, en la práctica, las oportunidades no serán las mismas que las que tradicionalmente ha habido otros años para promocionar de curso. Da la sensación de que alumnos que en septiembre no hubieran pasado de curso de ninguna manera ahora se les ha levantado la mano para justificar que la medida funciona», añade.

Las academias tienen ahora en sus centros tres perfiles de estudiantes: alumnos que vienen del extranjero a estudiar a España, los que no han ido bien durante el año académico y son conscientes de que no saben lo suficiente de una materia y sospechan que les han «ayudado» a pasar de curso; y los alumnos de colegios «rebeldes» que se han resistido a aplicar la medida. Entre ellos se encuentran algunos privados y concertados del extrarradio madrileño, que siguen manteniendo la convocatoria de septiembre al margen de las instrucciones de la Consejería de Educación.

El nuevo calendario escolar ha generado dudas entre algunas formaciones políticas, como Ciudadanos, que ha exigido la comparecencia del Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en el pleno del próximo jueves, para que dé explicaciones sobre el funcionamiento del adelanto de los exámenes de septiembre a junio. «Da la sensación de que ha habido mucha desorganización y no parece que exista una justificación clara del porqué hay que cambiar un sistema que venía funcionando bien porque el calendario aplicado hasta ahora no ha tenido buen resultado», explica Mayte De la Iglesia, diputada de la formación naranja e inspectora de educación.

«Eso, aparte del resultado pedagógico, que también sería discutible porque no está claro que en quince días un alumno pueda recuperar cuatro o cinco materias, y del impacto económico que está generando la medida», añade. Y es que, «las familias tampoco han sido conscientes de lo que se les venía encima hasta que no se han visto en el mes de junio con la situación». Así ha ocurrido que se ha registrado un alto grado de absentismo entre los alumnos de los colegios que han aprobado todas las asignaturas.

La cuestión es que este final de curso parece que ha suscitado enfado entre los padres, extrañeza e incertidumbre entre los profesores, desorganización en los centros y absentismo entre el alumnado.

«El curso se ha acortado unas tres semanas porque, hacia el 25 de mayo, se terminó para los alumnos que habían superado todas las asignaturas y, en consecuencia, los profesores hemos tenido menos tiempo para dar temario. Los que aprobaron el curso se han visto con la posibilidad de no ir al colegio porque no se sentían obligados si no eran evaluados por nada de lo que hicieran a partir de entonces y ésto es muy difícil de manejarcuando se trata de adolescentes, pese a que se han preparado desde los centros actividades alternativas», explica Juanma Nuñez, profesor del colegio Ártica.

Otra casuística diferente es la de los alumnos suspensos, entre los que ha habido que diferenciar dos situaciones: «Los que tenían muchas materias suspensas y aquellos que tenían una o dos, para los que su objetivo era recuperarlas en dos semanas con lo que, en lugar de acudir a todas las clases, asistía únicamente a las horas de las materias que le interesaba superar. A eso se une el factor tiempo. No es lo mismo tener dos meses para recuperar una asignatura que dos semanas», añade Núñez.

El adelanto del calendario sí lo encuentra positivo, en cambio, para los alumnos que se han presentado este año a la convocatoria extraordinaria de la Evau o antigua selectividad porque éstos, «en realidad, han tenido mes y medio para estudiar y los contenidos los tienen más recientes».

Lo cierto es que el remate del curso para este profesor ha sido «lioso y muy extraño porque he tenido tres semanas en las que no sabía cuántos alumnos venían cada día. Los más mayores no acudían a clase, sólo lo hacían si había excursiones, no me he podido despedir de ellos un día concreto, tampoco se gana tanto con el adelanto de las clases y, en cambio, hemos perdido tres semanas con el adelanto del calendario, a lo que hay que sumar, en cuarto de la ESO, otros cuatro o cinco días más por las evaluaciones Pisa y la prevista por la Lomce».

La Consejería de Educación había exigido a los centros que preparasen actividades de ampliación para todos los alumnos, tanto los supensos como los que no lo estaban, que podían ser desde «actividades deportivas, culturales, cooperativas, en el entorno natural, talleres participativos (lectura, escritura, cine fórum), intercambios con otros centros, o se podía enriquecer los contenidos de las materias», exponía la Consejería en la guía que remitió a los centros sobre el nuevo calendario escolar. ¿Era obligatorio ir a clase? «Sí lo es», decía Educación. Entre otras cosas porque la normativa básica establece que el calendario escolar tiene 175 días. Educación también cree que el nuevo calendario facilitaría la recuperación de materias porque «refuerza la atención del alumno» al haber un seguimiento directo de los profesores. De momento, el modelo de evaluaciones «se mantiene» para el próximo curso, según informó el presidente del sindicato ANPE Madrid, Andrés Cebrián, después de que así lo aprobara el Consejo Escolar sin haber analizado lo sucedido este año.

Los padres acuden al Defensor del Pueblo por incumplimiento del calendario escolar

Los padres no están en desacuerdo con que se adelante el calendario de exámenes de septiembre a junio. Entre otras cosas «porque facilita la conciliación familiar, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las vacaciones», dice Eugenio Jené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Otra cosa es cómo se ha gestionado el cambio de modelo. «Ha habido clases a las que no ha acudido ningún alumno y en otras, sin embargo, han funcionado las actividades que se han programado los profesores», añade. Pero los padres han decidido acudir al Defensor del Pueblo «por incumplimiento del calendario escolar ya que la ley establece la obligación de dar clase un mínimo de 175 días al año y se han dado 160 soló porque hay alumnado que a partir del 30 de mayo no ha ido a clase», manifestó Jené a LA RAZÓN. «La cuestión no es si ha habido más o menos aprobados con este calendario, sino que se ha incumplido la ley. Queremos que se den los recursos suficientes a los centros o se organice el calendario de tal manera que el modelo tenga éxito y se gestione bien».