Madrid defiende la legalidad de la externalización de tres hospitales.

El consejero madrileño de Sanidad ve una "maniobra política"tras la querella del sindicato médico AFEM, que ha sido admitida a trámite por un juzgado hecho que, asegura, "no tiene mayor significado pues sólo quiere decir que un juez lo va a examinar".

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ve una "maniobra política"detrás de la querella del sindicato de médicos AFEM contra varios cargos de la consejería por presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de tres hospitales externalizados.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por esta asociación de médicos que acusa a varios cargos y excargos de la Consejería de Sanidad de haber cometido presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones de los hospitales de Torrejón, Valdemoro y Móstoles.

"Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín", ha señalado Lasquetty en referencia a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) que ha interpuesto esta querella por la vía penal.

A juicio del consejero, la admisión a trámite "no tiene mayor significado", dado que el juez "lo que dice es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín". Para Fernández-Lasquetty, esto no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite".

Ha recordado que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%"de los usuarios.

"Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", ha subrayado, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".

La querella de AFEM se refiere a posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias.

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Alvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa. En un auto fechado ayer, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.