Plantón funcionarial contra la separación de los Juzgados de lo Penal

La iniciativa de la Comunidad de Madrid de separar los Juzgados de lo Penal de Julián Camarillo en varias sedes en distintos edificios no ha caído bien entre los trabajadores.

La iniciativa de la Comunidad de Madrid de separar los Juzgados de lo Penal de Julián Camarillo en varias sedes en distintos edificios no ha caído bien entre los trabajadores. El sindicato CSIT Unión Profesional presentó ayer a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 75 firmas de los funcionarios que prestan servicio allí para dejar constancia de su «firme oposición» a los cambios. La iniciativa se incluye dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras Judiciales que presentó hace unos meses el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, Ángel Garrido.

En su intervención, Garrido concretó que las sedes de los Juzgados de lo Penal se reagruparían para concentrarse en el barrio de San Blas. En el número 31 de la calle Albarracín se adecuará un nuevo edificio que se calcula empezará a funcionar en el mes de septiembre. Además, el consejero de Justicia aseguró que también continuarán funcionando las instalaciones de Julián Camarillo y Hermanos García Noblejas. «Dividir los Juzgados de lo Penal en dos contradice el principio de concentración de sedes que dice perseguir el Gobierno de la Comunidad de Madrid», indica en sindicato en un comunicado.

«Las tareas y organización del trabajo en las oficinas judiciales requieren edificios e instalacione adecuadas al trabajo que se debe realizar en ellas y la Administración no tiene en cuenta varias necesidades específicas», denuncia CSIT. Entre estas «necesidades específicas» enumeran que los vehículos de traslado de detenidos deben caber por la puerta de entrada, y también que los calabozos han de ser adecuados. Además, el sindicato reclama la separación de espacios de detenidos, funcionarios, profesionales y público, para evitar que víctimas y agresores «compartan sala de espera» y así que la propia organización de las instalaciones garantice «la confidencialidad de las declaraciones o comparecencias».

Asimismo, los funcionarios que se acogieron a la reclamación recuerdan también que separar unos juzgados que estaban unificados generará «enormes disfunciones». La primera de ellas es que dado que los servicios de Decanato, Fiscalía y la Clínica Forense seguirán teniendo su sede en Julián Camarillo, cualquier proceso requerirá el traslado diario de documentos, expedientes, escritos y correo, una medida «incoherente con el principio de modernización de la justicia», según indica CSIT Unión Profesional.

Otros de los contras que encuentra el sindicato en la división de los servicios de los Juzgados de lo Penal es que puede crear «confusión» entre los ciudadanos, lo que mermaría «la calidad de su atención al tener que desplazarse entre ambas sedes para obtener información o realizar videoconferencias». El último punto que critican es que a partir de septiembre no se podrá realizar en el mismo día juicios en los que intervenga un mismo testigo o abogado si los procesos transcurren en sedes distintas.