Ultimátum del TSJM al alcalde de Parla para que rehaga sus cuentas

El 17 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló los Presupuestos de Parla correspondientes al año 2009. El TSJM además impuso al equipo de Gobierno dirigido por el socialista José María Fraile la obligación de rehacer por completo las cuentas y aportar todos los documentos que certificaran el estado financiero real de la ciudad. El varapalo judicial no supuso una gran novedad para un municipio acostumbrado en la última década a que la Justicia tumbe sus cuentas. Previamente ya habían sido tachados de ilegales los presupuestos de 2003 y 2005.

Han pasado más de dos años y medio desde la decisión del TSJM y, sin embargo, la resolución judicial todavía no ha sido ejecutada. Un incumplimiento sostenido en el tiempo que le ha valido al alcalde una nueva llamada al orden. En un auto fechado el 11 de octubre, al que ha tenido acceso este diario, el TSJM conmina a Fraile a cumplir la sentencia en un «plazo improrrogable» de 30 días. Le recuerda el tribunal que la sentencia de 2011 es firme y que, por tanto, antes de que expire ese plazo de 30 días el Ayuntamiento de Parla deberá haber «comenzado los trámites para la elaboración del nuevo Presupuesto del ejercicio 2009», subrayando además que todo tendrá que hacerlo «con los trámites y documentos que se omitieron en su día y que dieron lugar a la anulación del mismo por este TSJM». La sala del TSJM acuerda además «responsabilizar personalmente al alcalde-presidente del cumplimiento estricto de la sentencia», para lo que pide que el auto se le notifique «personalmente, por correo certificado con acuse de recibo». Y para que, al contrario de lo ocurrido con las resoluciones judiciales anteriores, Fraile sí cumpla con este auto, el TSJM le hace un «apercibimiento expreso» de que se le impondrán multas si continúa haciendo oídos sordos. En concreto, le apercibe de «multas coercitivas personales» de 300 euros por cada mes que transcurra sin ejecutar la sentencia de 2011.

Desde el Ayuntamiento siempre se ha justificado el no acatamiento de la sentencia en que la Junta de Gobierno cumplió con la Ley en la redacción de los Presupuestos. Por ello, el fallo de 2011 del TSJM fue recurrido por Fraile ante el Tribunal Supremo al considerar además que el Partido Popular no había interpuesto reclamación al acuerdo del Pleno de 20 de febrero de 2009 –en el que se aprobaron las cuentas de ese año–, lo que convertía, a juicio de los socialistas, en «inimpugnable, firme y consentido, resultando la posterior impugnación en sede jurisdiccional improcedente».

El Supremo, sin embargo, ordenaba en octubre de 2012 el sobreseimiento del recurso del Ayuntamiento, respaldando punto por punto lo dictaminado por el TSJM. Según ambos tribunales, aquellos presupuestos municipales debían ser anulados por no haber liquidado las cuentas de los ejercicios anteriores, 2007 y 2008. Al no realizar esta liquidación, el equipo de Gobierno municipal quebrantaba los derechos de los concejales de la oposición a la hora de intervenir en los asuntos públicos, ya que no podían conocer la situación real de las cuentas. La sentencia del TSJM también puso de manifiesto cómo el alcalde incumplió la Ley al no compensar en los Presupuestos el déficit heredado de los años en los que Tomás Gómez ocupaba el despacho de José María Fraile, en contra de lo que recoge la ley de haciendas locales. El fallo de 2011 del TSJM obligaba en definitiva a Fraile a «desenmascarar» el legado de Tomás Gómez, para así poner cifra a lo que no se había liquidado en 2007 y 2008. Posteriormente, se pudo poner cifras a todo ello al conocerse que el «agujero» de la etapa como alcalde del actual secretario general del PSM ascendía a 240 millones de euros. De este montante, 65 millones eran en concepto de deuda acumulada, 36, de deuda a proveedores y 137 millones por facturas impagadas.