Valdemoro: la oposición, contra el alcalde por supuesta prevaricación

PP, Ciudadanos y TUD presentan ante el Juzgado de Guardia las irregularidades en el trámite de la OPE.

El alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, ha protagonizado un desencuentro tras otro con la plantilla municipal en su afán por regularizar lo que, abiertamente, ha criticado como «colocados» por la Púnica. Después del conflicto que supuso el nuevo catálogo de funcionarios, paralizado por el recurso de dos empleadas públicas, y la protesta que los sindicatos realizaron a las puertas del Ayuntamiento recientemente, los tres grupos de la oposición en el consistorio: PP, Ciudadanos y Proyecto TUD, han presentado ante el juzgado de guardia un escrito con toda una serie de irregularidades detectadas en el procedimiento de Oferta de Empleo Público (OPE) abierto por Faraldos para puestos de categorías A1 y A2, que podrían ser susceptibles de ser calificadas como delitos de prevaricación.

Dicha convocatoria, que el alcalde socialista asegura que se pactó con los sindicatos –que en marzo convocaron una protesta contra los ataques del primer edil a la plantilla, entre otras cuestiones–, comenzó con mal pie al solicitarse la realización del informe jurídico preceptivo para la Oferta de Empleo Público en una decreto excepcional en diciembre de 2018 que, al no justificarse la excepcionalidad tras la denuncia de la oposición, tuvo que volver a reclamarse en enero de 2019.

Las sospechas de prevaricación que apunta la oposición en su escrito al Juzgado de Guardia de Valdemoro aluden, no sólo a la cuestión de la excepcionalidad o no de la solicitud del informe, sino desde la autoría del mismo. Y es que, según denuncian PP, Cs y TUD, el responsable de dicho informe fue trasladado por orden del alcalde el pasado septiembre desde el Departamento de Sanciones a la Secretaría General del Ayuntamiento, –donde, tres meses después, se le encargó el informe, en una designación que apuntan como «irregular». Y es que dicho funcionario, que cuenta con la categoría C1, era el protagonista de un informe realizado por el anterior tesorero del consistorio, en abril de 2018, por haber, supuestamente, intentado reducir unas multas a dos vecinos de la localidad.

Según señala el escrito al Juzgado, no se realizó actuación disciplinaria alguna y, posteriormente, se trasladó a dicho funcionario a la Secretaría donde, pese a carecer de la categoría ni de la experiencia necesaria para ello, ejecuta el informe preceptivo de la OPE. Además, se da la circunstancia de que la funcionaria que firmó, ya con categoría A, dicho informe, también está rodeada de sospechas en cuanto a su nombramiento, puesto que, según reza también la denuncia de la oposición, la convocatoria para cubrir su puesto quedó desierta porque no presentó la documentación pertinente. Sin embargo, tras modificar la convocatoria para que pudiese acceder con cualquier tipo de título superior, sí se hizo con el puesto. Ambos funcionarios firmantes del polémico informe de la OPE han sido candidatos por Izquierda Unida –que forma parte del tripartito que gobierna Valdemoro junto con PSOE y Ganemos Ahora Valdemoro–, en pasadas elecciones municipales y, uno de ellos en las del próximo 26 de mayo.

«El juzgado tendrá que decidir si estas cuestiones están vinculadas con lo que denunciamos de la OPE, pero creemos que huele muy mal que habiendo funcionarios habilitados se encargue el informe a otros con sospechas de irregularidades», apunta David Conde, portavoz del PP en Valdemoro. Y es que la cuestión principal que ocupa la denuncia de la oposición en el Juzgado de Guardia es que dicho informe alude a las «potestades públicas» sin detallar cuáles son éstas, para valorar la pertinencia de realizar una Oferta de Empleo Público que debería afectar a las 80 plazas de funcionarios con categoría A, de las que sólo se han convocado finalmente 33.

«No hay criterios específicos para aclarar por qué éstas y no otras plazas se convocan», señala Antonio González, de Proyecto TUD, que apoyó la moción de censura protagonizada por Faraldos, precisamente para resolver la temporalidad y los contratos irregulares en el consistorio. «No tenía necesidad de embarcarse en este proceso en lugar de poner en marcha la Relación de Puestos de Trabajo que es el instrumento necesario y fundamental para la estabilización del empleo», añade.

Al respecto, también considera el portavoz de Ciudadanos en el municipio, Sergio Parra, que pese a haber solicitado un pleno extraordinario para dar reclamar explicaciones al alcalde, Faraldos no ha detallado ni qué es «potestad pública» ni por qué son sólo 33 plazas las que se convocan justo antes de las elecciones municipales y no las 80 con categoría A. «Para hacer una OPE hacen falta una Relación de Puestos de Trabajo y un catálogo –asegura Parra–, y en el que hizo el alcalde el pasado año y ha estado suspendido, de los 33 puestos que se han convocado, tan sólo están incluidos en él tres de ellos».

Al respecto, el alcalde de Valdemoro asegura que, por una parte, las irregularidades respecto al funcionario que fue traslado de Sanciones a Secretaría, se pidió al tesorero que detallara las responsabilidades concretas, pero éste dejó su puesto de trabajo antes de enviarlas. En cuanto a la selección de 33 puestos en la OPE, asegura que si bien no está determinado qué es potestad pública y la interpretación varía según el consistorio que la aplique, en Valdemoro han optado por, en una primera fase de estabilización del empleo público, convocar los puestos que manejan caudales públicos y jurídicos.