El Gobierno pide «independencia» a la Justicia en la investigación del caso Auditorio

La Fiscalía presenta un informe en el que incoa al TSJ a investigar al presidente Sánchez

«El Gobierno regional nunca se manifiesta sobre temas judiciales, pero ha quedado demostrado en anteriores ocasiones que la independencia de la Justicia nos beneficia a todos». Así de contundente se expresó ayer la consejera de Portavocía del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, inquirida tras conocerse la petición del fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, de investigar al presidente Pedro Antonio Sánchez por «presuntas irregularidades» en las obras de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, en su etapa como alcalde del municipio.

«El presidente siempre va a dar la cara, al igual que lo hizo en los últimos 15 casos en los que el PSOE lo denunció y, finalmente, quedó todo archivado. Cuando se trata de colaborar con la Justicia, más aún cuando no hay nada que esconder u ocultar, Pedro Antonio Sánchez siempre va a dar la cara».

Según se recoge en el informe del fiscal, queda demostrada su participación en todos y cada uno de los hechos, atribuyéndole delitos de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público y administración desleal.

La portavoz Arroyo, tras la reunión del Consejo de Gobierno en San Esteban, defendió el discurso ante algunas preguntas incisivas como si el propio presidente dimitirá, tal y como dijo él mismo hace algunos meses, «si es investigado -anteriormente imputado- por corrupción». «¿Quiere la cabeza del presidente o que la Justicia lo aclare todo? Si me preguntan ante posibles escenarios que se plantee qué va a hacer, sólo puedo decirles que colaborará con la Justicia porque él, y todo el equipo de Gobierno confiamos en su inocencia».

La consejera, además, recordó que cabe guardar cautela con determinados casos judiciales, ya que como en las 15 anteriores ocasiones en las que las denuncias fueron archivadas, «detrás de cada ataque a los políticos hay familias, porque nosotros también somos personas, y todos tenemos a gente que sufre ante tales acusaciones». Por ello, consideró que no era menester situarse en escenarios futuribles dado que el procedimiento lógico de la situación es que el fiscal eleve el informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y este decida si asume la competencia o no. En caso de que adquiera dicha competencia, se remitirá todo el procedimiento a la Sala Civil y Penal del TSJ, que tendrá que decidir si incoa el procedimiento y si lo hace respecto a todos o de parte de las personas que ya prestaron declaración como investigados.

Finalmente, Arroyo concluyó la polémica reiterando que, por el bien de la Región, del presidente y de sus familiares, «lo mejor es dejar trabajar a la Justicia ya que, parece, que denunciar es muy barato».

En otro orden de cosas, y ante la propuesta de C’s, PSOE y Podemos de eliminar las compatibilidades de médicos profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS), Arroyo defendió la posibilidad de que los expertos puedan ejercer una vez cubiertas sus horas en el centro sanitario, por lo que «defenderemos la compatibilidad».