Mercasevilla instó a la Junta a pagar el ERE en mayo

La decisión de la Junta de Andalucía de iniciar un proceso para revisar de oficio los pagos del ERE aprobado para Mercasevilla en 2007, y sobre el que recientemente el Juzgado de lo Social número 8 ha dictado que debe asumir la empresa municipal, fue reclamado la pasada primavera por la dirección de la lonja con el fin de que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo asuma los convenios firmados por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya.

Según documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, Mercasevilla insiste en que se asuman las pólizas aprobadas por Guerrero y que en el caso de que se anulen se fije una «indemnización» proporcional a las rentas del ERE. En este sentido, entre las 18 alegaciones presentadas ante la Consejería, se señala, entre otras consideraciones, que en este caso «existen derechos de terceros que deben prevalecer sobre cualquier actuación anómala de la Administración Pública, por lo que nunca procederá la nulidad de pleno derecho de aquellos actos dictados y generadores de derechos para terceros de buena fe, que pudieran haber sido engañados de manera torticera por la Administración o sus representantes».

Además, recuerda que este tipo de ayudas sólo puede el Consejo de Gobierno aprobar su nulidad y no la Consejería, como sucedió el pasado mes de abril. Una postura que defienden negando que haya similitudes con otras presentadas antes.

La intención de Empleo era anular los «tres compromisos de abono» firmados por Guerrero los días 5 de noviembre de 2007, 2 de eneros de 2008 y 29 de abril de 2008, por los que se asignarían, respectivamente, 3.410.134, 1.609.042 y 1.891.637 euros. Sin embargo, el pago de estas cantidades quedaron en el aire en cuanto se destapó la trama de los ERE vinculados a la partida 31L en el año 2009.

Conjuntamente, se pide que sean considerados en el procedimiento, en calidad de «interesados», la compañía aseguradora de las pólizas, «todos y cada uno» de los trabajadores, el comité de empresa e incluso el propio Guerrero. En este sentido defiende que la Junta dio por bueno el ERE de 2003 y que el 2007 era parte de se protocolo en tanto que era una continuidad del mismo. Por ello, Mercasevilla dice que «los actos que se pretenden revisar generan una responsabilidad de la Junta para con los beneficiarios».