El alcance de la negociación

Resulta frustrante contemplar cada día en nuestro país cómo ante el hecho de que gastamos más de lo que ingresamos, los representantes políticos y los gestores públicos continúan adoptando medidas que incrementan ese desfase, y no de manera puntual sino generalmente con carácter estructural y permanente. Pareciera que la necesidad de equilibrar nuestros gastos e ingresos no fuera con ellos. Pero incluso yendo, no están dispuestos a hacerlo si tienen que reducir algún servicio, renunciar a implantar otros nuevos demagógicos e improductivos, o adoptar medidas que crean que pueden tener coste político o personal para ellos. Es como si una familia que gasta más de lo que ingresa endeudándose cada día más dijera a sus miembros que hay que reducir los gastos, pero sin prescindir de algunas cosas y consintiendo cada día un capricho o una licencia más pese a no tener ingresos para hacerles frente.

Salvo excepciones de aquéllos que dicen que la deuda pública es ilícita y no hay que pagarla, que hay que regalarlo todo, y que la solución es quitar a los ricos para darle a los pobres, todos admiten la necesidad de equilibrar las cuentas, pero hacen lo contrario. Los partidos conservadores y liberales y los gestores más responsables han derivado hacia posiciones demagógicas, cuando no populistas, para ofrecer más tímidamente, pero también con un coste excesivo, medidas e iniciativas para las que no hay recursos suficientes, dejándose arrastrar por esas corrientes, en lugar de buscar la comprensión y el apoyo de los ciudadanos explicándoles con claridad lo que de acuerdo a sus principios se ha demostrado más eficiente para recuperar el crecimiento y poder sostener lo que todos saben que de seguir así no será posible, como es nuestro Estado del Bienestar.

Esta reflexión viene a cuento de las negociaciones que al parecer se están avanzando en la letra pequeña para conseguir un acuerdo de investidura y probablemente de gobierno. Es evidente que el deseo de la mayoría es el desbloqueo y la formación de ese gobierno. Pero como en el caso del déficit, no debe hacerse a costa de la renuncia a los principios o de la aceptación de medidas que sólo buscan el ruido político-mediático e intereses partidistas, que no resuelven los problemas de los ciudadanos y de nuestro país.

Las comisiones parlamentarias de investigación de asuntos en los que la responsabilidad política se ha dirimido ya en las urnas y las responsabilidades penales o civiles se están dilucidando en los tribunales, se convierten en causas generales para intentar pasar facturas políticas que no se lograron en las urnas. El tratamiento demagógico del aforamiento sin entrar en la razón y el alcance de su existencia y aplicación, junto con la deformación de la acción popular y la debilidad de nuestro sistema penal para garantizar la mediática presunción de inocencia –que es la que hoy se tiene en cuenta–, afecta al ejercicio libre y eficaz de las responsabilidades políticas y de gestión pública ante la instrumentalización de la justicia en contra de ellos, que por no explicarse y defenderse adecuadamente lleva con posterioridad a hacer distinciones interesadas y poner adjetivos según los casos.

Son dos ejemplos de a dónde nos puede llevar una mala negociación de anteponer el interés particular o partidario al general, en los que tampoco se abordan los problemas reales de nuestro país y de los ciudadanos, que deberían centrar esa negociación.

Lo preocupante es que esta misma actitud se hace extensiva a esa letra pequeña de la negociación en la que parecen incluirse medidas concretas que afectan directamente a los ciudadanos: fiscales, sociales, territorial, etc. El ejemplo que se pone hoy del pacto en la Comunidad de Madrid es una muestra de todo lo anterior. Las medidas propuestas por Ciudadanos, y la actitud mantenida en este primer año de legislatura, revelan un apoyo mayoritario a las iniciativas impulsadas por Podemos y el PSM, y una cesión constante del PP a lo que piensan les hace parecer más progres y sociales que sus adversarios, aunque sea a costa de renunciar a sus políticas y sus principios, profundizando en los graves problemas que hoy tenemos como son el incremento del déficit público y el riesgo de sostener nuestro Estado del Bienestar.

La negociación es necesaria y obligada por decisión de los ciudadanos en las urnas. Pero no puede hacerse a costa de todo con tal de formar Gobierno. No es eso lo que quieren los votantes y seguramente tampoco lo esperan, y probablemente solo sirva para salvar una votación y a partir de ahí empezar un calvario del que los ciudadanos vuelvan a sentirse frustrados.

La responsabilidad que cada día se exige ante este proceso debe hacerse extensiva a que la negociación sea clara, transparente y sin renuncias esenciales a lo que los ciudadanos han confiado y esperan de cada uno de sus representantes.