El «controlariado»

La Controlaría General de Colombia, que equivale a nuestro Tribunal de Cuentas, ha denunciado a la Fiscalía colombiana por haber pagado al ex juez Baltasar Garzón 167.000 euros de más. Garzón fue contratado por la Fiscalía de Colombia con objeto de «apoyar la investigación de macrocriminalidad en justicia transicional», y el total de la remuneración contractual percibida por el juez inhabilitado por prevaricación ha sido de 400.000 euros, algo menos de setenta millones de las antiguas pesetas. No obstante, al constatar la Controlaría que el segundo contrato, por importe de 167.000 euros, fue adjudicado a dedo y no se ajusta a la ley, le reclama esa pequeña y modesta cantidad con esperanza de inmediata devolución.

Las cifras engañan y pueden ser examinadas y analizadas desde la mala intención y la demagogia.

El Colegio de Abogados de Quito, Ecuador, denunció la excesiva contraprestación dineraria percibida por el ex juez español a cambio de presidir un congreso internacional. Es posible que en aquella ocasión se extralimitara nuestro ex juez, pero no en este asunto. Porque apoyar la investigación de macrocriminalidad en justicia transicional no puede resultar barato. Se trata de una investigación complicada, ardua y difícil, más aún si el escenario es la justicia transicional, y no la justicia discrecional o la justicia sedimentada, mucho más sencillas de investigar en su macrocriminalidad, e incluso, en su microcriminalidad, que en ocasiones pasa completamente desapercibida.

Don Baltasar es un hombre de honda ideología de izquierdas y, como tal, enemigo a ultranza del dinero fácil y el enriquecimiento súbito. Pero ello no quiere decir que no sepa valorar en su justa medida los frutos de su esfuerzo. Jamás se ha escondido. Cuando le pidió por carta al presidente del Banco de Santander –«Querido Emilio»– financiación para sus cursos en Nueva York, lo hizo a cara descubierta, con papel oficial de la Audiencia Nacional. No se camufla ni intenta representar la ambigüedad y la prudencia. Y si el Fiscal General de Colombia le propone apoyar la investigación de macrocriminalidad en la justicia transicional, tiene Garzón sobrado derecho de aceptar la oferta exigiendo las cantidades que se le antojen justas y razonables. Hasta ahí podíamos llegar.

Por otra parte, también asesora a Cristina Fernández de Kirchner, la indómita presidenta de la República Argentina, que se nutre de la sabiduría de Garzón en cuestiones y conflictos judiciales. Pero en Venezuela no le hacen excesivo caso. Y le han dicho que si desea asesorar, que lo haga gratuitamente, porque ya pagan demasiado a otros asesores españoles profesionalmente compenetrados con el Código Penal bolivariano, como se ha demostrado después de ser conocida la medida y suave sentencia condenatoria que ha llevado, con perspectiva de trece años de albergue obligatorio, al principal opositor del demócrata Maduro, el malvado Leopoldo López, enemigo de la libertad y de los supermercados vacíos.

Ese contrato a dedo de 167.000 euros se podría haber firmado con mayor cobertura legal. Pero aún así, ha resultado altamente beneficioso para Colombia. Lo ha afirmado el Fiscal General, Eduardo Montealegre. «Las asesorías de Baltasar Garzón han sido puntuales para el cambio de enfoque de las investigaciones, que ahora apuntan a atacar la macrocriminalidad y no sus manifestaciones independientes».

Es decir, que lo ha dejado clarísimo y ha tapado las bocas maledicentes de los enemigos del encomiable ex juez «controlariado».