La línea roja de Fabra

Tras un par de años de acoso continuado, ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, consiguió una muesca más en su revólver contra la corrupción, al encerrarse con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hasta lograr su dimisión, demostrando una vez más que es uno de los principales luchadores contra esa lacra que asuela la política española y dando respuesta a la demanda ciudadana. Sin descanso ni pausa, ha ido desalojando de los cargos públicos a todo aquél que ha sido imputado judicialmente por un caso de corrupción.

No sólo eso: su famosa «línea roja», que tantos criticaron dentro de su partido, incluido algún gerifalte madrileño, ha devenido en punto ineludible para los programas de todos los partidos, según han anunciado uno tras otro. «No habrá imputados en las listas electorales», una frontera marcada, a modo de pionero, por el presidente valenciano.

Fabra ha tenido que hacer frente, además, a los suyos – «cuerpo a tierra que vienen los nuestros»–, que pelean por descabalgarlo (al parecer, Rajoy puede estar escuchándoles). Y también con las cifras de escándalo de las cuentas autonómicas.

En este capítulo está otro de sus avances. A pesar del discriminatorio trato financiero que esta autonomía recibe del Estado, su Gobierno ha variado el decrecimiento del 2,9 por ciento del PIB en 2012, a un crecimiento en 2014 del 1,3 y una previsión de 2,4 para 2015. El déficit que en 2011 se acercaba al cinco por ciento, terminó en 2013 en el dos, siendo la comunidad que más rebajó este parámetro, con una reducción del gasto de 3.000 millones de euros. Respecto al empleo, ha pasado de destruir más de 80.000 empleos en 2012 a crear en 2014 más de 51.000. Y todo ello, manteniendo los servicios sociales, la sanidad y la educación. Son las cifras. Así es la vida.