La paz en Colombia

El acuerdo de Paz firmado hace unos días en Colombia entre el presidente Santos y el jefe de las FARC para que estas abandonen la lucha armada y se inserten en la sociedad ha abierto las esperanzas de muchos colombianos y observadores internacionales de poner fin a un conflicto que dura más de 50 años, y ha provocado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y millones de desplazados. Sin embargo, ha generado preocupación, rechazo e incertidumbre para otros.

La desazón y el rechazo son provocados por los términos del acuerdo que se alejan de lo que una sociedad democrática espera de la lucha mantenida durante décadas contra un grupo terrorista que ha sembrado de dolor y de muertos el país.

El acuerdo coloca prácticamente en términos de igual a igual al ejército colombiano y a las FARC sin que éstas hayan aceptado su derrota por el Estado, cuyos integrantes podrán eludir la cárcel con la mera confesión de los crímenes cometidos, sin exigirles arrepentimiento por los mismos ni petición de perdón a sus víctimas, sin aceptar rendición alguna ni entrega previa de todo su armamento, y sin garantizar la indemnización y compensación a las víctimas siendo uno de los movimientos terroristas más ricos del mundo por su implicación en el tráfico de drogas a gran escala.

Más chocante resulta el hecho de que para procurar su integración política se les atribuya directamente representación parlamentaria con independencia de que alcancen o no el mínimo de representación exigido por la ley electoral, y se les adapten circunscripciones a sus territorios, todo ello para garantizar su implicación en la implementación y el seguimiento del Acuerdo. Como también lo es el que puedan ser indultados en algún momento pese a incumplir el acuerdo.

La incertidumbre se deriva a su vez del hecho de que algunos grupos pertenecientes a las FARC parecen no estar dispuestos a cumplir el acuerdo, y que el mismo no alcanza a otros movimientos como los Paramilitares y el ELN, que siguen actuando en distintas zonas del país, para los que el acuerdo alcanzado y su contenido puede ser un revulsivo para radicalizar sus posiciones de cara a conseguir una solución negociada a su conflicto, con mejores condiciones y más cesiones que las de aquél.

Como también provoca preocupación y perplejidad el hecho de que tan sólo se exija el respaldo de un 13 por ciento del Censo Electoral en el Plebiscito convocado por el Gobierno el próximo 2 de octubre para apoyar el acuerdo por el pueblo colombiano.

Las posiciones respecto del Acuerdo alcanzado están muy encontradas. Se comprende el deseo de acabar con el terrorismo que sacude el país desde hace 50 años y los esfuerzos realizados por el presidente Santos y su Gobierno por conseguirlo en su mandato. Pero hacerlo a costa de los principios irrenunciables en la lucha del Estado democrático frente al terrorismo como son su derrota, la rendición de éste, la entrega de las armas, la petición de perdón a las víctimas y el resarcimiento de los daños que les causaron, y el cumplimiento íntegro de las penas que les correspondan por los crímenes cometidos, puede provocar su fortalecimiento y mayor violencia como ha señalado la oposición, y constituye un malísimo precedente para la lucha frente al terrorismo existente en otras partes del mundo.

La afirmación del Presidente Santos de que «le hubiera gustado ver a los jefes de las FARC tras los barrotes, pero eso hubiera prolongado el conflicto 20 o 30 años más», no es muy tranquilizadora respecto de la derrota de dicho movimiento y de las condiciones del proceso de paz y su culminación exitosa. Ojalá haya acertado.