Las cuentas territoriales

Fiel a su cita anual, el Ministerio de Hacienda ha publicado hace un par de semanas las Cuentas Públicas Territorializadas y, como viene siendo costumbre, los medios han destacado de ellas los números referidos a los saldos fiscales regionales. Sin embargo, estos últimos no son, en mi opinión, lo más interesante de esta fuente estadística, pues como se señala en ella más del setenta por ciento de tales saldos no son sino el resultado de que las personas de mayor renta paguen más impuestos que las menos aventajadas y de que esas personas vivan, precisamente, en las regiones de mayor nivel económico. En realidad lo que ocurre es que, como todos gozamos aproximadamente de la misma manera del gasto en los grandes servicios públicos, cuando se pagan más impuestos aparece un déficit fiscal y cuando se pagan menos se registra un superávit.

Más interés tiene saber que es en la partida de la financiación autonómica donde se gestan las mayores desigualdades territoriales. Para empezar, en el País Vasco y Navarra, debido a su sistema foral, los recursos que se reciben por habitante casi duplican a los de las demás Comunidades Autónomas, llegando a cerca de cuatro mil euros. Se trata de lo que yo suelo designar como el «pufo vasco», pues tal privilegio resulta de un sistema de cálculo cuya metodología es básicamente correcta, pero en el que se emplean datos falsos para que todo salga en favor de las instituciones forales. Y de esa manera, vascos y navarros se benefician de unas administraciones que les hacen pagar menos impuestos que a los demás españoles y les proporcionan unos servicios más amplios y mejor dotados económicamente. Por cierto que, también, los ceutíes y melillenses se benefician de una financiación autonómica que duplica a la media nacional, aunque en este caso ello se debe a que, por su particularidad territorial y porque no hay economías de escala, los costes de los servicios en Ceuta y Melilla son muy elevados.

En las demás regiones de España la financiación autonómica es mucho menor y apenas supera en promedio los dos mil euros por habitante. Pero también hay aquí desigualdades injustificables. Así, en Canta-bria y La Rioja los recursos que reciben sus gobiernos son bastante más altos que la media; y lo mismo ocurre, aunque de forma moderada, en Extremadura y Castilla y León. Por el contrario, la Comunidad Valenciana y Murcia son los patitos feos del sistema y se ven negativamente marginadas. En todos los demás casos, unos por encima y otros por debajo de la media, las diferencias son menores. No obstante, en algunas regiones, como Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias, sus gobiernos, aunque se quejen y se consideren perjudicados, tienen menos recursos porque han decidido reducir los impuestos de su competencia. Y de una manera inversa, en otras, como Cataluña, Extre-madura, Baleares y Asturias, sus gobiernos –que también exhiben agravios– prefieren cobrarles más impuestos a los ciudadanos. Los números son diáfanos. Lo malo es que casi nadie quiere leerlos.