Mas a su equipo tras la Diada: «La única salida es disolver el Parlament»

Fuertes recelos ante la Comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña y temor a que Jordi Pujol no comparezca finalmente ante la Cámara. Todos cuantos han hablado en los últimos días con Artur Mas y la nueva cúpula convergente tienen esta percepción. Tras la Diada, el presidente de la Generalitat es un rehén mayor de Esquerra Republicana y la Asamblea Nacional de Cataluña, empecinado en la consulta soberanista, aún sabiendo que no prosperará. «Un Mas noqueado, una Esquerra crecida y una sociedad catalana muy dividida», dicen dirigentes políticos de todo signo. La frase invocada por el presidente, «Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones», desvela prácticamente el camino hacia unas elecciones plebiscitarias, una vez el Gobierno impugne el referéndum y el Tribunal Constitucional lo paralice.

Horas después de la Diada, en un conocido restaurante de Barcelona, se celebra una importante cena. A la mesa, algunos dirigentes nacionalistas, otros que no lo son, juristas y periodistas relevantes. La conclusión es unánime: «Convergencia no aguanta una Comisión de Investigación y Pujol puede no ir al Parlament». En el seno de su familia han molestado mucho las declaraciones de la presidenta de la Cámara, Núria de Guispert, en las que aseguraba que Pujol tenía ganas de explicarse, y la califican de rotundamente falsa. «Quiso marcarse un farol, esa conversación no ha existido», añaden. Tales manifestaciones tampoco gustaron en CDC, dónde hilan muy fino sus relaciones hacia los Pujol, y todavía menos en Unió, partido al que pertenece y dónde está desprestigiada por sus veleidades soberanistas. En esa cena de ilustres catalanes se barajaron fechas electorales y, uno de ellos, aventuró incluso la fecha de finales de noviembre. Lo que está claro es que no serán muy tarde. «Mas no pasa de febrero», aseguran dirigentes de varios partidos.

La desaparición del ex presidente y sus familiares en la jornada de la Diada, junto a la cerrazón a cal y canto de las ventanas de su casa, han desatado rumores y encendido las alarmas. Según su entorno cercano, que guarda un mutismo absoluto sobre su paradero, Pujol está seriamente tocado por lo sucedido, incluso con problemas de salud. Esta condición, además de los consejos de sus abogados, podría hacer que a última hora no se produjera la comparecencia. La fecha indicada por Pujol, después del día 22, revela claramente que espera acontecimientos, tras la convocatoria de la consulta y el debate de política general que tendrá lugar en la Cámara catalana.

Pero el hecho clave que marcará su decisión se produce mañana lunes en la Audiencia Nacional. Aquí, ante el juez Pablo Ruz, comparecen su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y su ex mujer, Mercedes Gironés. El primogénito del clan declarará como imputado por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La decisión del magistrado de admitir la personación de la Abogacía del Estado en el proceso ha causado un fuerte malestar en la familia, dado que el Estado ya está representado por la Fiscalía. «Es un nuevo paso de linchamiento político», opinan personas cercanas. Por el contrario, fuentes del Gobierno, de quien depende la Abogacía, explican que es algo habitual, dado que si esos delitos fueran probados, se habría causado un perjuicio a la Hacienda e intereses públicos.

La estrategia de defensa de los Pujol, dirigida por el prestigioso letrado Cristóbal Martell, gran experto en este tipo de casos, insiste en dos premisas: obtención ilícita de pruebas y prescripción de delitos. En todo caso, las declaraciones de mañana lunes ante el juez Ruz inician el calvario judicial de la familia y marcarán los pasos próximos. En el seno de la familia y en su equipo de abogados empieza cundir la tesis de que el comunicado del ex presidente y su intención de acudir al Parlamento puede no haber sido acertado y recuerdan que no tiene ninguna obligación. «Helmut Köll y Silvio Berlusconi no fueron al Bundestag ni a la Cámara italiana», advierten estas fuentes sobre implicaciones similares de los ex primeros ministros alemán e italiano, que se dirimieron estrictamente en instancias judiciales.

La semana se avecina muy convulsa, máxime cuando el jueves próximo toda Europa estará pendiente de la votación en Escocia. Una victoria del sí tendría efectos nocivos en las bolas y en la libra esterlina, sin olvidar los intereses importantes de algunas de las principales empresas españolas allí ubicadas. En este sentido, destacados empresarios han viajado en estos días a Edimburgo «para pulsar» el ambiente. Según fuentes diplomáticas, la impresión es que finalmente se impondrá el no a la independencia, aunque por un escaso margen. Resulta obvia su influencia sobre el proceso catalán, si bien son radicalmente distintos. En círculos políticos y económicos se admite el riesgo. «Bajo el paraguas de Escocia, veremos si escampa o sigue lloviendo», ironiza un ministro del Gobierno.

No obstante, en el Ejecutivo insisten en que todo está preparado para impugnar la consulta con los recursos ante el Tribunal Constitucional. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ido aún más allá al esgrimir el Código Penal y recordar los delitos desobediencia en que puede incurrir Artur Mas si infringe la ley. En todo caso, desde la Moncloa se transmite una sensación de normalidad institucional, como lo demuestra el viaje que Mariano Rajoy realizará a China la misma semana de la convocatoria del referéndum. Si finalmente el Gobierno decide convocar un Consejo de Ministros extraordinario, una vez reunidos el Consejo de Estado y el TC, lo presidiría la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. «Todo está preparado y nada improvisado», afirman en Moncloa.

Así las cosas, todas las fuentes consultadas coinciden en que Artur Mas se verá abocado a unas elecciones anticipadas. Quienes han hablado con él le ven empecinado en votar, pero sin especificar cómo. «No hay otro remedio que la disolución», habría reconocido el presidente de la Generalitat en conversaciones privadas sobre el otro decreto para disolver el Parlament. Las incógnitas son muchas, ante la consulta, la Comisión de Investigación apoyada por ERC, lo que molestó a Convergencia, y la imprevisible comparecencia de Jordi Pujol. La apuesta está servida.