Quien ha entrado en La Moncloa

El nuevo gobierno tiene dos opciones bien diferenciadas. Podría prolongar la legislatura un tiempo breve, unos meses a lo sumo, realizar algunas acciones que le proporcionen una nueva y mejor imagen pública y convocar elecciones antes de que la crisis del PP se resuelva, Ciudadanos reencuentre un lugar propio, si es que alguna vez lo ha tenido y antes de que Podemos despliegue una ofensiva de desgaste continuo que pueda dañar al Partido Socialista. Pero, también, tiene otra opción consistente en apostar por terminar la legislatura e intentar sumar a los gestos que su electorado espera, como retirar la condecoración de Billy el Niño o la recepción del «Aquarius» en el puerto valenciano, algunas acciones de gobierno de mayor calado.
Entre estas últimas se encuentra la salida de la crisis catalana. Desde el separatismo catalán y también desde voces cualificadas del gobierno, se emiten mensajes que tienen como objetivo relajar la relación entre la Generalitat y el Gobierno. De esta manera, el presidente del Ejecutivo catalán ha desautorizado la propuesta de la Asamblea Nacional Catalana de crear una lista de «empresas buenas» catalanas, se está negociando un encuentro entre los dos presidentes y se aprovecha cualquier oportunidad para desear que se inicien diálogos.
Sin duda, la sociedad española, la economía e incluso Europa, han desaprobado la inacción del anterior gobierno, hay una máxima que repite la Sra. Merkel que es que los problemas no se solucionan solos. Sin embargo, entre querer resolver un problema y poder hacerlo hay una enorme distancia.
La cuestión de Cataluña no es un asunto de marketing ni de gestos ante las cámaras, se trata de cómo hacer compatible la unidad territorial y la Constitución del 78 con que la parte de la sociedad catalana que hoy se siente lejos del resto del país, para que recupere sus conexiones sentimentales y sociales.
Para ello, el Sr. Sánchez debería tener dos cosas claras: si hasta donde puede llegar es un espacio que satisfaga las ambiciones de los separatistas y, en caso de ser así, la capacidad de obtener el apoyo del Parlamento mas allá del prestado por quienes votaron a favor de la moción de censura, sino precisamente de alguno de los que no la han apoyado.
El Gobierno cuenta con personas solventes, fuera de toda duda en lo que a su solvencia y posición respecto a la organización territorial del Estado se refiere, tal es el caso del Sr. Borrell o la Sra. Robles, pero nadie debe olvidar que el objetivo de los separatistas es la independencia de Cataluña y que su sentimiento hacia España es de animadversión.
El PSOE renunció al marxismo en los albores de los 80 y lo hizo leal y sinceramente para adherirse a la socialdemocracia europea, pero el nacionalismo nunca ha estado dispuesto a renunciar a su máxima. Para ellos, cada concesión del bloque constitucionalista es un peldaño más en la escalera que les lleva a su único objetivo. Sin embargo, para los defensores del Estado de Derecho, cada concesión se interpreta como parte de un acuerdo en el que todos se esfuerzan por acercar sus posturas, cada paso que ha dado el Gobierno de España, desde 1979, en materia territorial, no tiene vuelta atrás porque se enmarcan en el desarrollo constitucional. Por eso, el Partido Socialista debe pensarse muy bien cómo quiere hacer las cosas. Resistir hasta el final de la legislatura puede hacerle jirones, porque parece que nadie está dispuesto a darle el mínimo margen. Sólo nos queda ver cómo se desarrollan los hechos que mostrarán si quien ha entrado en la Moncloa es el Sr. Sánchez o ha entrado el PSOE.