Sospecha y confusión

De la Fiscalía Anticorrupción pueden loarse centenares de virtudes mientras no se niegue la evidencia de que se trata de un organismo altamente politizado. Manuel Pimentel compartió con Mariano Rajoy gabinete a las órdenes de Aznar donde, como ministro de Trabajo, formaba parte del equipo económico de Rodrigo Rato. La Fiscalía Anticorrupción, o sea, depende del Gobierno. No sé si me siguen. Verso libre vocacional, salió del PP para encabezar una vía tercerista andaluza, una suerte de logia que se reivindicaba embrión de la «sociedad civil», tan ilusoria aquí como los unicornios en los bosques de Nottingham. Se cansó pronto, tal vez lo cansaron, así que decidió dedicar sus afanes y su talento a amasar dinero. Pero por lo fino, o eso pretendía, hasta que comprendió que en esta desdichada tierra nadie se hace rico sin gozar de los favores de la Administración. La panoplia de delitos por los que se solicita su imputación es aterradora, igual que sospechosas son sus relaciones con varios actores conspicuos en la trama de los ERE fraudulentos. Dicho lo cual, conviene preguntar si, además, no habrá alguien en su antiguo partido que desee adscribirlo a la nómina de «los cuatro golfos», coartada transversal mediante la que se trata de exculpar a las organizaciones asediadas por la corrupción. Como cabeza de turco, Pimentel es ideal porque ya a nadie más mancha; y también parece máxima la disposición de la sustituta de Mercedes Alaya para permitir la disolución en un magma inaprensible de un sumario que trataba de depurar las muy concretas responsabilidades de muchos socialistas en el saqueo de las arcas públicas. Cuando la Justicia confunde en lugar de esclarecer, ¿sigue siendo Justicia?