Un gran pacto de Estado

Hace dos días se ha alcanzado un importante acuerdo en la lucha contra la violencia de género en el seno de la Subcomisión del Congreso encargada de redactar el documento que servirá de guía al pacto de Estado en esta materia, el cual propone 200 medidas, y todo ello por unanimidad. Es la primera vez que en un tema tan importante se alcanza este acuerdo tan necesario, puesto que la lucha contra esta violencia nunca debe ser partidista o apropiada por ideología alguna. En el año 2002 propuse en el seno del Consejo General del Poder Judicial, la creación del Observatorio de la Violencia Doméstica –posteriormente de género–, siendo su primer presidente; supuso el alumbramiento de un órgano en el que convergían esfuerzos de varios ministerios –Justicia, Sanidad e Interior– así como de todas las Comunidades Autónomas, amén del propio CGPJ, y ello con la finalidad de ofrecer una respuesta organizada e integral frente a este fenómeno. Lo que me gustaría destacar del acuerdo adoptado es que la inmensa mayoría de las medidas no son de naturaleza penal, abandonada la creencia de que la solución taumatúrgica a esta lacra depende de la respuesta penal; por el contrario, se apuesta más por la prevención, concienciación social, formación y sobre todo coordinación de todas las administraciones. Previsión y protección son muy importantes, pero también lo es, y así se destaca en las bases del Pacto, la educación y formación en el respeto y fomento de la igualdad, proponiendo asignaturas desde la más tierna infancia hasta en la Universidad, así como en los temarios para el ingreso en la función pública; también se quiere contar con los medios de comunicación para la elaboración y difusión de campañas de sensibilización. No cabe duda de que esta violencia está directamente relacionada con la situación de desigualdad que persiste en la actualidad, si bien donde se da con mayor crudeza es en el mundo de la pareja, acrecentándose esta violencia en muchos casos tras una ruptura. Existen factores socioculturales que mantienen y tratan de justificar la desigualdad como pueden ser los roles establecidos dentro de la propia familia, los cuales además de cambios legales y acción administrativa, requieren de un gran esfuerzo de sensibilización a través de la educación. Estos factores no pueden combatirse sólo con la la ley penal, sino con la implicación y el compromiso de la sociedad, a la que hay que involucrar en este pacto de Estado. No podemos olvidar que la violencia de género se puede dar en todos los grupos sociales y en todos los ámbitos, y que la misma se ejerce con un fin, someter a la mujer y perpetuar así la relación de dominio y control, incluso más allá de la duración de la relación. Por ello este absoluto grado de consenso es bienvenido y es de esperar que sea el principio del fin. Nuestra repuesta penal ya era de las mejores de Europa como así ya ha sido reconocido, a partir de ahora será mejor.