Banco Madrid, un caso aislado

La declaración de concurso de acreedores de Banco Madrid, a petición de los administradores designados por el Banco de España tras la intervención de la entidad, no supone la menor incidencia o perjuicio ni para el sistema financiero español ni para las arcas de Hacienda. Tampoco debería suponer un gravamen para sus depositantes, pues no nos hallamos ante un caso de insolvencia, sino de falta de liquidez tras la retirada general de fondos sufrida por el banco como consecuencia de la toma de control de su matriz, la Banca Privada de Andorra (BPA), por parte del Gobierno andorrano. Como es sabido, BPA se encuentra implicada en operaciones de lavado de dinero negro procedente del narcotráfico, que fueron denunciadas por las autoridades norteamericanas. Ciertamente, las sospechas de irregularidades también afectan a su filial española, sobre la que obra un expediente informativo de la Comisión para la Prevención de Blanqueo de Capitales –que tendrá las consecuencias previstas por la Ley para aquellos clientes que se descubran incursos en delitos de blanqueo o de evasión de sus obligaciones fiscales–; expediente que no tendría por qué presuponer la liquidación de la entidad, ahora en manos de la Admistración judicial, aunque se antoje muy difícil que pueda reponerse del grave daño sufrido por su reputación. Sin embargo, esto no quiere decir que los impositores que se han visto afectados por el bloqueo de las operaciones estén abocados a perder su dinero. De hecho, la solicitud del concurso voluntario de acreedores era la medida adecuada para asegurar un trato igual de los depositantes y demás acreedores de la entidad, y lo mismo reza para la suspensión temporal de los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la entidad, que fue ordenada ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cualquier caso, no estamos ante una situación inédita y, con toda seguridad, funcionarán los mecanismos previstos por la normativa bancaria que, en último término, cuenta con el Fondo de Garantía de Depósitos, nutrido por las propias entidades de crédito, el cual asegura para los impositores la restitución de hasta 100.000 euros del dinero en cuenta. Respecto a los productos de inversión, los expertos dan por hecho que, en caso de liquidación, se elegirá otro banco para que se haga cargo de la gestión a través de una subasta rápida. Tal vez, el Banco de España no debiera haber autorizado en su momento –julio de 2011– la venta de la entidad española a un banco radicado en un paraíso fiscal, como es Andorra, pero ya es inútil lamentarse. Lo importante es que la lucha internacional contra el blanqueo de capitales se muestra cada vez más eficaz y que la solvencia y la reputación de nuestro sistema financiero no se han puesto en duda por este caso.