Declaración de independencia sin coste alguno

Mientras ERC duda sobre si Cataluña debe tener ejército, en contra de lo dicho por Puigdemont, hay otro debate de más peso –también humano– en el seno de la coalición Junts pel Sí. Se trata de saber quién está dispuesto a asumir la inhabilitación u otras sanciones que afecten al patrimonio. Este sigue siendo el motivo por el que, después de tanta «desconexión exprés», nadie haya firmado un papel. El sector más cercano al PDeCAT no ve con malos ojos la opción del decreto para aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ): de esta manera serían los consejeros del Govern los que asumirían a partes iguales las consecuencias. Es decir, las intenciones del sigiloso Oriol Junqueras de llegar a la presidencia de la Generalitat sin ningún rasguño –su único objetivo claro– podía verse frustrada. Los antiguos convergentes, que han visto como sólo sus militantes –Mas, Homs, Rigau, Ortega– cumplen sentencia de inhabilitación, están asistiendo, además, a la descomposición del partido que vertebró políticamente a la sociedad catalana durante cerca de treinta años, sometido a un intensiva investigación por corrupción, deshonrrado su fundador, Jordi Pujol, y a las puertas de dejar el poder para entregárselo a su viejo y acérrimo enemigo, ERC. Éstos, por contra, optarían porque sea el Parlament, en aplicación del artículo 83.1 del reglamento, utilizado para modificar el orden del día de un pleno e incluir votaciones y debates no previstos y aprobar con alevosía la LTJ. Puede que estemos ante cálculos para unas futuras elecciones a costa de utilizar la Generalitat.