El «caso de los ERE» se desborda

La instrucción del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía ha retornado de forma convulsa a la actualidad. Ayer, 24 personas fueron detenidas, ocho citadas judicialmente, el ex director general de Empleo andaluz, Francisco Javier Guerrero, volvió a ingresar en prisión y se impulsó el registro de despachos y empresas en Sevilla, Jerez, Madrid o Barcelona. El fogonazo mediático sirve para reiterar la magnitud del escándalo, sin precedentes por su cuantía y duración en el tiempo en nuestra democracia. Según el informe de la Cámara de Cuentas andaluza relativo a los expedientes de regulación de empleo, la Administración regional destinó 1.217 millones de fondos públicos para abonar prejubilaciones y ayudas a empresas con dificultades económicas o de implantación. Además, los problemas de liquidez de la Junta para afrontar los pagos comprometidos con las aseguradoras la obligaron a solicitar créditos que, entre principal e intereses, se aproximan a los 286 millones de euros. En total, más de 1.500 millones repartidos discrecionalmente a sociedades (en muchos casos ficticias) y prejubilados que, en cientos de pólizas concedidas, jamás trabajaron. El procedimiento, como se encargó de reiterar la Intervención General andaluza en su informe publicado en el ya lejano 2005, carecía de cobertura legal. La Intervención envió sus advertencias al hoy presidente de la Junta. En ese periodo, Griñán era consejero de Economía del Gobierno de Chaves. El órgano fiscalizador advirtió a las distintas consejerías implicadas de las irregularidades y la Junta, que pudo desmontar el entramado en 2005, no tomó medidas. Manuel Gómez, a la sazón el interventor general, se permitió incluso esta licencia durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso: «Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo, ¿usted, qué haría?, ¿llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta?» Las nuevas detenciones tratan de «aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación». De la información de la UCO subyace que, además de los beneficiados por esta pedrea ilegal, podría haber segundos destinatarios del dinero, a orillas del partido político gobernante en Andalucía. No obstante, es oportuno reiterar que, pese a la tenacidad de la juez Alaya, la dilatación del proceso no ha afectado directamente a Griñán, que gobierna con el apoyo de IU. Su ex consejero de Empleo salió de la cárcel bajo fianza de 450.000 euros. No hay otro caso de corrupción en España de esta dimensión. Sin embargo, la Justicia todavía instruye, mientras que la región andaluza sigue en manos del partido, el PSOE, que durante 10 años alentó este desmán sin precedentes.