El Parlament sólo representa a una parte de los catalanes

En favor de la actual presidenta del Parlament, la integrista Carme Forcadell, hay que decir que, desde su nombramiento, no ocultó sus intenciones de convertir la Cámara catalana en un sucedáneo de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que ella presidió, una maquinaria propagandística para que el Gobierno de Mas –o el que salga– cumpla la hoja de ruta independentista hasta el final. Así comenzó la legislatura, con el impactante «Visca la República Catalana» y el anuncio de que Cataluña no cumplirá la Constitución. La segunda medida fue la composición de la Mesa, que apartó sin más contemplación al PP, cuya plaza la ocuparon los antisistema de la CUP, a pesar de que cuentan con menos diputados que los populares. Por si quedaban dudas de su voluntad de convertir la sede de la soberanía popular en una mera herramienta al servicio del separatismo en la que los partidos no independentistas no sean tenidos en cuenta, Forcadell anunció ayer una reunió para hoy de la Junta de Portavoces para acelerar la tramitación de la declaración independentista con la intención de que sea aprobada el próximo día 9. Hay prisa, mucha prisa. Por su parte, Ciudadanos, PP y PSC quieren evitar que se debata el plan secesionista y, sobre todo, que se apruebe. Sin embargo, es tanta la urgencia del independentismo –guiados por la consigna de «ahora o nunca»– que quiere mantener a toda costa la reunión de portavoces, aunque los populares no hayan constituido su grupo parlamentario, algo que prohíbe el reglamento de la Cámara. Esto hace muy difícil que los partidos no constitucionalistas reconozcan la Junta de Portavoces constituida, incluso que asistan a su primera reunión. Sólo queda, por lo tanto, recurrir a la Ley y bloquear todas las iniciativas separatistas. Las artimañas legales llevadas a cabo por el soberanismo –llegando incluso al fraude de ley– cumplirían su objetivo: que la declaración de independencia coincida con el primer día del debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat. No sólo es una anormalidad que se hagan coincidir dos votaciones de esa importancia, sino que se introduzca en el mismo Parlament la negociación abierta entre la coalición de Mas y la CUP: firmar la declaración de independencia a cambio de sus votos para nombrarlo. Esta manera sectaria de entender la política (nacionalismo en esencia pura) merma los derechos de los ciudadanos a la representación política –según queda especificado en el artículo 23 de la Constitución, de ahí que el PP haya pedido amparo al TC–, y degrada a la propia institución, tanto la presidencia de la Generalitat como al Parlament. Si los independentistas han aprovechado un supuesto vacío de poder en el Estado al estar disueltas las Cortes Generales –al margen de la existencia de la Diputación Permanente–, caen en una deslealtad sin precedentes, además de en un ataque al Parlamento español. Mas, Forcadell y el resto de independentistas deben saber que su plan secesionista no va en contra del Gobierno de Mariano Rajoy, como algunos ilusos izquierdistas creen, sino contra el conjunto de la sociedad española representada en las Cortes. La respuesta, por lo tanto, debe ser conjunta para que así se respete la legalidad en todo el territorio. Cataluña vive en estos momentos una situación de desgobierno que facilita que los demagogos y los irresponsables utilicen las instituciones a su antojo, sin preservar las normas básicas y forzando la ruptura de la propia sociedad en dos.