El PSC debe acatar la democracia y abstenerse en la investidura

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No parece que reclamar un presunto derecho a la desobediencia, aunque se esté dispuesto a afrontar las consecuencias, sea el mejor mensaje que puede transmitir al conjunto de los ciudadanos el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y mucho menos acogiéndose a supuestas particularidades que, al menos en el plano de la organización representativa del PSOE, no han operado en el caso que nos ocupa. En la vida pública, los procedimientos democráticos no sólo son los más deseables a la hora de tomar decisiones, sino que los partidos políticos están obligados por disposición constitucional –artículo 2 de la CE– a dotarse de una estructura interna y unos procedimientos de funcionamiento que deben ser democráticos y que, en el caso del Partido Socialista, como recordaba recientemente uno de sus líderes más carismáticos, Alfonso Guerra, se ha realizado históricamente mediante la práctica de la democracia representativa, en la que los militantes eligen a sus líderes, a los que encargan la dirección de la política a través de sus estructuras ejecutiva (Comisión Ejecutiva Federal) y deliberativa (Comité Federal). Es decir, que cuando el pasado domingo en el Comité Federal del PSOE se propuso, discutió, votó y aprobó la resolución de que el grupo parlamentario se abstuviera para facilitar la formación de un Gobierno para España, respondía a un procedimiento exquisitamente democrático. Y, por supuesto, en un proceso democrático lo que procede es acatar la decisión de la mayoría y actuar en consecuencia. Si Miquel Iceta y el PSC estuvieron representados en plano de igualdad en el Comité Federal y pudieron exponer sus puntos de vista y ejercer el voto, no parece que tengan legitimidad para apelar a la desobediencia. A Iceta y a los siete diputados socialistas catalanes les obliga el mandato imperativo surgido en el Comité Federal, por más que se intente aplicar a una organización particular el principio de libertad política de los parlamentarios, que se sustenta en el hecho de que, por encima de su adscripción política, los diputados representan al conjunto de la soberanía nacional. A expensas de lo que decida el próximo Consell Nacional del PSC, que parece dispuesto a mantenerse en rebeldía, es evidente que la actual dirección del PSOE no puede dejar pasar una actuación de tal calado político sin tomar medidas firmes. Y no nos referimos a las consabidas sanciones económicas que se aplican mecánicamente ante las faltas a la disciplina de voto y que no tienen ningún efecto disuasorio, sino a una actuación de carácter político que ponga fin a esa calculada indefinición de los socialistas catalanes en cuanto a las reglas de juego y a los principios de acción del PSOE que tanto daño ha causado a la posición del partido tanto fuera como dentro de Cataluña. Incluso si se debe explorar la propuesta del ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que expresó ayer su deseo de formar una nueva federación socialista catalana dependiente orgánicamente de la dirección federal. Como señalábamos en una nota editorial anterior, la situación actual del PSOE exige el imperativo de la unidad de acción. Ahondar en la división interna, aunque sea desde posiciones meramente testimoniales, ni favorece al partido ni a la estabilidad de España, especialmente si, en pleno desafío secesionista en Cataluña, el PSC desoye a la mayoría democrática y da pábulo a las tesis del «derecho a desobedecer».