El Supremo sentencia el proceso

La impecable instrucción del proceso independentista catalán llevada a cabo por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha deslindado objetivamente la responsabilidad individual de cada uno de los intervinientes en la intentona golpista, elaborando un relato judicial coherente, sostenido en los sólidos indicios que han reunido los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El resultado, como no podía ser de otra forma, es un auto de procesamiento que encausa por delitos de rebelión, malversación y desobediencia a cada uno de los investigados, según su grado de participación en los hechos. No hay, pues, causa general alguna contra la Generalitat de Cataluña o su Parlamento autonómico, sino la exigencia debida de la responsabilidad penal a quienes obraron con conocimiento de causa y utilizando alevosamente a su servicio los medios públicos que las instituciones del Estado habían dispuesto para la mejor administración de Cataluña. Con el agravante, que tipifica el delito de rebelión, del recurso a la violencia o a su instigación para forzar al Gobierno de la nación al reconocimiento de la independencia de una parte indivisible del territorio nacional. En definitiva, el juez Llarena ha sustanciado en su auto de procesamiento lo que millones de españoles vieron y vivieron atónitos y escandalizados aquellos días de septiembre y octubre, cuando desde la propia institucionalidad se animaba al incumplimiento de la Ley, se despreciaban el ordenamiento constitucional y las resoluciones de sus tribunales y, finalmente, se violentaban las normas de la democracia parlamentaria para forzar una declaración de independencia que, en realidad, era la cristalización del golpe. El juez instructor, con la aquiescencia de la abogacía del Estado, la Fiscalía y la acusación popular, ha decretado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; de la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; y de los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, al tiempo que se han activado las ordenes de detención internacional contra el ex president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los cuatro ex consejeros que permanecen huidos. Hemos llegado, por lo tanto, a un punto de inflexión en todo este proceso, en el que ya no tiene el menor sentido insistir en esa especie de pensamiento mágico, burda patraña, que pretende reducir lo ocurrido a una mera expresión ideológica, mientras insiste en la legitimidad de sus actos. No sólo la Justicia, que entiende de conductas y hechos, ha descorrido el velo de la propaganda, sino que ha puesto ante la cruda realidad a quienes, todavía hoy, confiaban en las astucias políticas o los enjuagues de despacho para no responder de sus acciones. El momento es grave y, sin embargo, se abre una oportunidad inapreciable para el retorno a la normalidad institucional en Cataluña y la consecuente defensa de los intereses generales de sus ciudadanos. Es preciso, sin embargo, que los dirigentes de la partidos independentistas acepten que sólo desde el respeto a la Ley y al ordenamiento constitucional es posible desarrollar la acción política en democracia y se avengan a proponer un candidato a la Generalitat de Cataluña con un horizonte penal despejado y capaz de afrontar un Gobierno para todos los catalanes. Son muchos los problemas y desafíos que hay que afrontar y que serán mejor atendidos desde la legalidad, el diálogo y la lealtad a nuestro Estado de derecho. Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendió una vez más la mano para abrir las vías de acuerdo que sean necesarias, pero la necesaria rectificación está en manos del Parlamento catalán y de sus representantes electos.