En defensa de la democracia

Artur Mas, mientras decide cuándo hará efectiva la ley de consultas con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat para, a continuación, convocar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, se dedica a la «agitprop» comarcal, ejercicio que sólo sirve para sembrar la confusión y dar por ciertas falacias insostenibles que el nacionalismo cultiva a la perfección. Ayer, visitó Cardona para celebrar que fue la última ciudad de Cataluña en caer ante las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión, hace trescientos años. Al final del acto, un niño llevó hasta el escenario la «llama de la resistencia». Nada nuevo. Sin embargo, Mas dijo en su parlamento algo que oculta la firme voluntad del pueblo español de restablecer las instituciones catalanas. En concreto dijo que él es el 129 presidente de la Generalitat y que ésta precede a la Constitución, lo cual no sólo es falso, sino injusto y desleal, pues ignora que fue la legalidad de las instituciones españolas, en concreto bajo un Gobierno presidido por Adolfo Suárez, la que restituyó la Generalitat en una operación arriesgada, valiente y necesaria. Tarradellas juró como presidente número 126 de la Generalitat el 24 de octubre de 1977 y, un año después, el 6 de diciembre de 1978, fue ratificada en referéndum la Constitución. Olvidarlo –y lo que es peor, quere ocultarlo– oscurece en estos momentos una necesaria perspectiva histórica para entender y dar una solución al desafío planteado por Artur Mas, que no es otro que romper las reglas del juego en la que se basa la propia Generalitat, ya que el Estado español ha sido el gran defensor de las instituciones catalanas. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá la ley de consultas y cualquier intento de referéndum que implique la desmembración del territorio español o que altere la convivencia en Cataluña. El Ejecutivo tiene toda la potestad y la obligación de hacerlo, por Cataluña, por el conjunto de España y, lo que es más determinante, por un principio de legalidad democrática. A raíz del caso de Escocia se ha confirmado un hecho relevante que ya adelantó también Quebec, y es el fracaso de los referendos en «las democracias bien establecidas», como sotiene Stéphane Dion, padre de la Ley de Claridad en Canadá. Y España es una democracia consolidada cuyos ciudadanos ejercen el «derecho a decidir» desde 1977. Éste es el reto que tenemos planteado. Mas no puede imponer una legalidad por encima de la establecida, ni forzar un referéndum que, como se ha demostrado en Escocia, no es la solución para dirimir un problema de competencias, ni mucho menos de indentidades. Esta semana, el presidente de la Generalitat hará algo insólito: convocar una consulta ilegal, el Gobierno la recurrirá y oiremos desde ese momento que se se han vulnerado los derechos de los catalanes. Nada más lejos de la verdad. No es el «derecho a dicidir», es la democracia.