Gesto insuficiente de Aguirre

El mayor riesgo de los grandes gestos en política estriba en quedarse corto, en que la supuesta grandeza del acto acabe desdibujada por las incógnitas que se dejan en el aire. Eso es, exactamente, lo que sucedió ayer con el sorpresivo anuncio de la presidenta del Partido Popular de Madrid y portavoz de la oposición en el Ayuntamiento capitalino, Esperanza Aguirre, de su dimisión a todos los cargos en el partido, pero sin renunciar a su acta de concejal, como si ambas responsabilidades pudieran deslindarse. Una vez más, pareciera que la veterana política, de cuya extraordinaria capacidad para el oficio nadie duda, pretendiera replegarse a sus cuarteles de invierno, pero manteniendo una cabeza de puente en la vida pública por si las circunstancias cambian. Una maniobra del mismo estilo, pero inversa, de la que realizó en septiembre de 2012, cuando renunció a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sin dimitir de sus cargos orgánicos en el PP madrileño, desde el que siguió impulsando su proyección pública, incluso como columnista del diario «Abc». La cuestión se complica si tenemos en cuenta que la razón aducida por Esperanza Aguirre responde a las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre el PP de Madrid, en una de las cuales está acusado y permanece encarcelado Francisco Granados, que fue su mano derecha en la comunidad madrileña. Si admitimos como elogiable la asunción de la responsabilidad política por una clásica «culpa in vigilando», es evidente que, para que esta sea completa, Aguirre debe entregar igualmente su acta de concejal y reconocer que una retirada honrosa y completa de la vida pública es el mejor servicio que puede hacer a su partido, el cual, por otra parte, dispone de personas suficientemente preparadas para dirigir la formación en Madrid y sin el lastre personal que supone en un dirigente político y administrador de fondos presupuestarios el reconocimiento paladino de no haberse enterado de nada de lo que hacían sus subordinados más directos. Por supuesto, no queremos lanzar acusación alguna que empañe la dilatada y exitosa trayectoria personal y profesional de la hasta ayer presidenta de los populares madrileños, contra la que, por cierto, no hay incoado ningún procedimiento judicial, pero sí advertir de que su repentino cambio de opinión –no hacía 48 horas que se había mantenido en la tesis contraria ante una comisión de la Asamblea de Madrid– habilita cualquier tipo de especulaciones. Y ello, en unos momentos en que la simple denuncia de corrupción, incluso la que proviene del más pedestre partidismo, adquiere el estado de «cosa juzgada» ante la opinión pública. Pero frente a otras interpretaciones demasiado interesadas, algunas, incluso, procedentes del propio entorno de la dimisionaria, el gesto de Esperanza Aguirre, aunque, insistimos, insuficiente, favorece sustancialmente las posiciones de Mariano Rajoy –que sí está completamente al margen de las acusaciones contra el partido en Madrid– en su obligada labor de conformar una alternativa que impida un Gobierno socialista condicionado por radicales e independentistas, instalados todos ellos en la doble moral ante las imputaciones de corrupción, y que supone un grave riesgo para la ya iniciada recuperación de la crisis. Los mejores servicios a la sociedad muchas veces pasan por el abandono honorable de la política, por muy duro que parezca el trance. Esperanza ha dado un paso, importante, pero aún le queda dar el otro: entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid.