Hay que aislar al régimen chavista

Nada más revelador de las imposibles condiciones democráticas en las que se han desarrollado las elecciones presidenciales de Venezuela que la actitud de Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado como todas las instituciones judiciales por empleados chavistas, inflando el índice de participación a medida que transcurrían las horas desde el cierre de los colegios. Sólo a medio día del lunes, hora local, el CNE había incorporado otro medio millón de presuntos votantes, hasta reducir la abstención al 55 por ciento del censo, en un intento estéril de vestir la victoria de Nicolás Maduro de algún viso de legitimidad. Tarea perfectamente inútil, ya decimos, puesto que la convocatoria a las urnas venía precedida del encarcelamiento o inhabilitación de los principales líderes opositores y de la puesta en marcha de un mecanismo de compra de votos, a través del llamado carnet de la patria, por el que cada votante que demostraba haber apoyado a Maduro recibía un bono en metálico de 5 euros al cambio y una caja de comida. En cualquier caso, el presidente de Venezuela se asegura su permanencia en el poder hasta el año 2025, a menos que se produzca la deseable reacción internacional que asfixie diplomática y políticamente al régimen, con sanciones dirigidas a sus principales dirigentes –muy vulnerables a las mismas porque, en su inmensa mayoría, tienen dinero colocado en el extranjero–, y con un bloqueo de las inversiones. Se aducirá que el aislamiento forzado de Venezuela puede causar daños al conjunto de la población, que es la víctima directa del régimen socialista bolivariano, pero la situación económica y social del país caribeño ha llegado a tales niveles de desolación que poco más sufrimiento pueden añadir a los venezolanos de a pie, los que no gozan de los privilegios de la nomenclatura chavista, una política internacional de firmeza democrática. En efecto, las previsiones del Fondo Monetario Internacional advierten de que la inflación en Venezuela alcanzará el 14.000 por ciento a finales de año; estiman la caída del PIB en el 15 por ciento y dan cuenta de un incremento sostenido de la emigración, que alcanzará a dos millones de venezolanos para las navidades de 2018. Ni siquiera las perspectivas de una carrera al alza de los precios del petróleo pueden revertir las negras previsiones. La industria del crudo venezolana necesita más de 10.000 millones de dólares en el mantenimiento de unas infraestructuras tan deterioradas que la producción ha caído a mínimos históricos: si en 2008 Venezuela producía 3.200.000 barriles de crudo diarios, en 2017 no ha llegado al millón y medio de barriles. En la primera línea de defensa de los derechos políticos y humanos en Venezuela deben estar las democracias iberoamericanas que, por cierto, están abriendo sus fronteras a los millones de ciudadanos venezolanos forzados a salir de su país, y, en este sentido, consideramos un buen paso la decisión de los gobiernos del llamado «Grupo de Lima», con México, Perú, Argentina, Colombia y Brasil a la cabeza, de llamar a sus embajadores en Caracas y congelar las relaciones con el régimen bolivariano. Pero con esta medida diplomática no bastará. Hay que proceder al aislamiento estricto del Gobierno de Maduro, y en esa estrategia también deben estar concernidos Estados Unidos y la Unión Europea, esta última mediante la presión, además, a países terceros, como Irán, que dan apoyo al chavismo. En Venezuela, el domingo asistimos al fin de la democracia en un país hermano, que en un tiempo fue próspero y nos abrió sus brazos. Merece todo nuestro apoyo.