Hay que investigar a fondo el mal uso del FLA

En su último auto, el juez de Barcelona Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la malversación de dinero público en la financiación del referéndum ilegal, señala el posible desvío por parte de la Generalitat, que presidía Carles Puigdemont, de diversas cantidades pertenecientes al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo creado por el Gobierno para pagar a los proveedores de las administraciones autonómicas que no podían hacer frente a sus obligaciones. La sospecha que plantea el magistrado es de una gravedad incuestionable, puesto que, al tratarse el FLA de un sistema de ayuda finalista, el desvío de los fondos exige la complicidad de una parte de los destinatarios del dinero, mediante el uso de facturas falsas o, en su caso, de una masiva falsificación contable. Como señaló ayer el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dilucidar el alcance de la incalificable maniobra e identificar a los autores, habría que revisar una a una las centenares de miles de facturas que ha pagado el FLA a los proveedores de la Generalitat de Cataluña entre 2012 y 2017. No es tarea sencilla, por supuesto, pero si la Justicia concreta sus indicios, es de todo punto imprescindible que se lleve a cabo esa investigación, sin importar el coste o el tiempo. No pueden escapar al reproche penal quienes se prestaron, si es así, a una confabulación contra la democracia y malversaron el dinero de los españoles.