La Corona y la Justicia

El apoyo inequívoco de la Corona a la labor de los jueces, como pilar básico del Estado de Derecho, es una constante que siempre ha estado presente en la labor institucional del Rey y del Príncipe de Asturias, así que no debería sorprender a nadie un enésimo discurso sobre el particular. Pero lo cierto es que las palabras pronunciadas ayer en Barcelona por Don Felipe, con motivo de la entrega de despachos a 231 jueces, cobran especial significado 24 horas después de que un juez haya imputado a la Infanta Doña Cristina por el «caso Nóos». Frases como «la función jurisdiccional cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales»; o que en los jueces «descansa la gran responsabilidad de la defensa de la Ley», merecen ser subrayadas hoy no por novedosas, sino porque demuestran el claro compromiso de la Corona con la independencia judicial sean cuales sean las circunstancias coyunturales. De ahí que no se entiendan las frívolas declaraciones de la número dos del PSOE, Elena Valenciano, exigiendo a la Casa del Rey que sea neutral y que «deje actuar a la Justicia para que se haga justicia» en el «caso Nóos». Da la impresión de que la señora Valenciano, que inexplicablemente ha sido agraciada por Rubalcaba con nuevas competencias dentro del partido, ha olvidado lo que dijo el Rey en un reciente mensaje navideño de que «la Ley es igual para todos». Insinuar que la máxima institución del Estado se inmiscuye en la independencia judicial sólo es aceptable en un país bananero, pero no en España ni por parte de un partido, hoy en la oposición, que ha gobernado durante 22 de los 35 años de democracia. Si algo pone de manifiesto la imputación de Doña Cristina, al margen de que sea muy discutible y de que se haya realizado en contra de la opinión de la Fiscalía, es la fortaleza del Estado de Derecho y su supremacía por encima de personas o dignidades. Esta convicción no queda empañada por las opiniones que a cada cual, haciendo uso de la libertad de opinión, le merezca la decisión judicial. Todos los partidos y diferentes miembros del Gobierno han expresado su parecer. También en el exterior se ha producido una catarata de reacciones. No se acierta a entender que la Casa del Rey no pueda expresar su opinión, de la misma manera que lo hizo en ocasiones anteriores sin suscitar suspicacias por parte de dirigentes políticos. Convendría recordar, en fin, que tan inherente al Estado de Derecho es la actuación de un juez como la responsabilidad de un fiscal, de acuerdo a las competencias de cada cual. Como señaló ayer el Príncipe Don Felipe, de lo que se trata es de contar con jueces bien formados que presten un servicio con la calidad que merece «una sociedad moderna, democrática, culta y madura en la que las instituciones velan por sus derechos y libertades».