La hora de la verdad

La gobernabilidad de consistorios y autonomías de España es un castillo de naipes. Las recientes elecciones municipales y autonómicas, en las que el Partido Popular ha quedado como primera fuerza –aunque no ha logrado revalidar sus mayorías absolutas–, ha espoleado la ambición de poder entre el resto de partidos políticos. Alianzas transversales y de izquierdas que tienen como única amalgama ser «anti-PP», dispuestas a reeditar pactos de infausto recuerdo como los sufridos en Cataluña, con el «tripartito», o en Baleares, con el «pentapartito». Los primeros movimientos apuntan, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, a un acuerdo entre el PSPV, Compromís y Podemos. O en Navarra, donde Uxue Barkos, de Geroa Bai, se apresta a sumar al menos a EH Bildu, Podemos e IU para desplazar a UPN del Gobierno de la Comunidad Foral, mientras el PSN hace equilibrios para no salir en la foto con los «abertzales». Un escenario alambicado y complejo en la mayor parte de las comunidades autónomas que tiene también su equivalente en los consistorios. Ayuntamientos como Madrid o Barcelona están ahora al albur de acuerdos de gestión en los que representantes como Ada Colau en la capital catalana anuncian sin rubor que no cumplirán la Ley «si considera que es injusta». Unas declaraciones de trinchera que concuerdan con su trayectoria de activista social y de «encierros», pero que están abiertamente enfrentadas a lo que debe ser un representante de todos los barceloneses. Una ciudad puntera en España que no puede quedar descabalgada del progreso por un laberinto de declaraciones populistas. El gestor público debe administrar recursos y mantener inversiones. Debe generar confianza y no dejar caer a su ayuntamiento o comunidad autónoma en una espiral de deslealtad hacia las instituciones del Estado, o de descrédito ante los organismos internacionales y las grandes empresas. En el actual escenario económico, cuando la reducción del déficit, la balanza de pagos, la mejora de la financiación y el empleo parecen marcar la salida de la crisis económica, la incertidumbre que acompaña a las recetas de los nuevos «gurús» se hace patente. Ayer mismo, la agencia de calificación Fitch Ratings consideraba que el resultado de las últimas elecciones aumenta los riesgos sobre la consolidación fiscal de las comunidades y añade una «mayor incertidumbre política» al cumplimiento de las metas fiscales. En el puzle del poder que anuncian los nuevos gestores autonómicos y municipales la ciudadanía se ha quedado al margen. La estrategia política domina un juego de alianzas que, más allá de declaraciones programáticas y de «puntos en común», tiene hipotecado su capacidad de gestión y sus recursos –que son muchos– ante la balanza del peso político de cada formación. La ciudadanía y sus problemas son un asunto secundario.