La UE, con España frente al Peñón

La Unión Europea y Reino Unido han sellado el primer gran acuerdo sobre el periodo de transición del Brexit y que evidencia algo que ya se sabía: la salida de las estructuras comunitarias no iba a ser fácil. Londres, más allá de su habilidad negociadora, no iba a salir beneficiada. Dicho periodo de transición irá desde el 30 de marzo de 2019, un día después de que se produzca oficialmente el divorcio, y el 31 de diciembre de 2020. En total, serán 21 meses que deberán servir para tranquilizar a mercados, empresas y ciudadanos, pero que deja muy claro que, por más que los británicos negocien puntualmente con cada miembro de la UE, su papel empezará a ser secundario. En este periodo de transición Reino Unido tendrá que cumplir, como cualquier otro socio, con las decisiones comunitarias, pero, sin embargo, no tendrá voto. En los aspectos transfronterizos –que incluyen a las islas del Canal y la de Man, varias bases aéreas británicas situadas en otros estados miembros y territorios de ultramar–, que afectan de manera especial a España, Gibraltar saldrá de la UE al mismo tiempo que Reino Unido. Las mismas reglas para el periodo de transición se aplicarán también en la colonia británica. Tal y como explicó ayer el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, debe existir una acuerdo previo entre España y Reino Unido también de aplicación en la colonia. Por primera vez en las comparecencias públicas del negociador comunitario, Michel Barnier, éste ha tratado abiertamente el tema del Peñón, lo que supone un apoyo a España y a las negociaciones posteriores, porque la única fórmula que tiene Gibraltar de mejorar su estatus al abandonar la UE es a través de los acuerdos bilaterales que alcancen Madrid y Londres. El pasado 20 de diciembre, el Consejo Europeo concedió la capacidad de veto al Gobierno español sobre cualquier aspecto de la negociación, tanto en lo que se refiere a la salida definitiva como al periodo de transición, y puede hacer uso de él. Queda atrás cuando la primera ministra Theresa May no mencionó a Gibraltar en la carta de activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa. Hace mal el gobierno gibraltareño en no tener en cuenta este mandato porque chantajear con el futuro de los 13.000 trabajadores que cruzan a diario la verja, en su mayoría españoles, supone poner en riesgo la viabilidad económica de la colonia, al margen de otras actividades de difícil control. Y, por supuesto, sobran amenazas sobre que Gribraltar revisará el estatuto de los trabajadores comunitarios, incluso revisar el pago de pensiones, lo que denota inquietud porque no podrá seguir beneficiándose de pertenecer a la UE mientras mantiene una gran parte de su economía en la oscuridad fiscal. Que un 96% de los gibraltareños votaran en contra el Brexit da muestras de que su futuro depende de su vínculo con la economía de la zona y de los beneficios que le reporta la UE. Mantener esta situación dependerá de que Londres y Madrid lleguen a una fórmula en la que se conserven los derecho de los comunitarios, especialmente españoles, que trabajan en el Peñón. En definitiva, del Reino Unido dependerá que en Gibraltar se aplique un Brexit «suave» que no altere los vínculos tradicionales entre las dos partes. No es el caso de los efectos que puede tener entre Irlanda del Norte e Irlanda, porque nadie quiere una frontera dura y el riesgo de alterar los Acuerdo del Vienes Santo. Como el ministro Dastis dijo ayer, España no pondrá, de momento, encima la mesa la soberanía sobre Gibraltar, aunque este sigue siendo el tema central.