Lo que Podemos esconde

Desde el momento en que la Asamblea Nacional Venezolana tuvo conocimiento de que se habían efectuado pagos millonarios con dinero público a una fundación de asesoría política española –pagos validados por el ex ministro chavista de Finanzas Rafael Isea, e imputados a diversos departamentos gubernamentales– era inevitable la apertura de la correspondiente investigación parlamentaria. No sólo por lo elevado de las cantidades gastadas –más de siete millones de euros– en unas presuntas asesorías de difícil valoración, sino por las sospechas de que ese dinero podía haber servido también para financiar un partido político extranjero. Nos referimos, claro está, a las aportaciones recibidas por la fundación CEPS entre los años 2003 y 2011, cuando figuraban entre su nómina de dirigentes el actual secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el cofundador del partido morado, Juan Carlos Monedero, y el profesor Jorge Verstrynge. La citada fundación no sólo se considera el laboratorio ideológico en el que germinó Podemos, sino la caja con la que sus promotores sufragaron los costes iniciales de la formación. De hecho, uno de sus pioneros, Juan Carlos Monedero, tuvo que reconocer que había recibido 425.150 euros en concepto de colaboración técnica con el régimen bolivariano, parte de los cuales se dedicaron a producir el programa de tertulia política «La Tuerka», donde hicieron sus pinitos televisivos el propio Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. El asunto se saldó con una sanción de Hacienda, que no fue a más porque Monedero admitió su responsabilidad e hizo una declaración complementaria, y con su retirada de la primera línea del partido morado. Con estos indicios, es lógico que la comisión parlamentaria venezolana quiera escuchar las explicaciones de Iglesias, Monedero y Verstrynge, que son los tres ejecutivos de la CEPS que figuran en los papeles del ex ministro Isea y que siempre han reconocido que prestaron su colaboración al Gobierno del fallecido Hugo Chávez, con quien les unían los mismos presupuestos ideológicos. Cabría esperar que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero se hubieran avenido a facilitar las cuentas de sus trabajos de asesoría al Gobierno venezolano puesto que, por el momento, no podemos dudar de que llevaron a cabo las labores encomendadas por el régimen chavista con pulcritud profesional aunque, a la vista de los resultados –Venezuela está en quiebra económica, política y social–, no dieran los frutos que se prometían. Sin embargo, la respuesta ha sido negar las evidencias y acusar de falsarios a quienes demandan transparencia y claridad a un partido que se muestra intransigente con los adversarios políticos en cuanto asoma la primera sombra de sospecha. Mantienen asimismo los dirigentes de Podemos que la Justicia española ha rechazado las acusaciones de financiación irregular que han sido presentadas contra ellos, pero obvian que en ningún caso los jueces han entrado al fondo del asunto por carecer las denuncias de un soporte documental que, ahora sí, es el que tiene previsto facilitar el Parlamento venezolano. Subyace, por último, en todo este asunto y la opacidad ofendida de la formación populista una motivación puramente electoral, que la impele a desvincularse de un pasado chavista y bolivariano que es la viva imagen del fracaso. Pero no les será fácil. Y menos, con actitudes como la de Juan Carlos Monedero, que ha puesto en guardia a jueces y fiscales españoles, reclamando una Justicia a las órdenes del Gobierno, tal y como ocurre en Venezuela.