No vuelvan a enfrentar a España

Decíamos en reciente nota editorial que no habría mayor objeción a la exhumación del cadáver de Francisco Franco si el Gobierno podía contar con la aquiescencia de la familia del general, que debería hacerse cargo del posterior destino de los restos, y el permiso de la Iglesia, que, según los acuerdos firmados con la Santa Sede por el Estado español, es la responsable de la gestión del Valle de los Caídos, que está considerado como lugar de culto y cementerio. Estas trabas de carácter jurisdiccional ya se pusieron de manifiesto cuando el Tribunal Supremo rechazó la demanda del ex juez Baltasar Garzón y fueron recogidas en el dictamen de la comisión de expertos que, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, trató el asunto en el año 2011. Pues bien, parece que el actual Gobierno socialista, que había hecho del traslado de Franco una de sus grandes prioridades, está tropezando con la oposición de los familiares del difunto, entre los que existe desacuerdo, y con el silencio de la Iglesia, reacia, lógicamente, a dar un primer paso en un asunto que divide a los españoles y que sólo responde al oportunismo político de un partido, el PSOE, al que los profundos cambios sociales y económicos que ha sufrido el mundo en las últimas décadas ha dejado sin proyecto ideológico y, prácticamente, sin señas de identidad.

Ciertamente, hay que interpretar en sentido positivo que desde el propio Gobierno se reconozca la existencia de ese marco jurídico, que dificultad el designio político, y es de desear que en su búsqueda de nuevas fórmulas legales no incluyan atajos impropios de un Gobierno que se dice respetuoso de las leyes y de los derechos ciudadanos. Y eso reza no sólo en el caso de la exhumación de los restos de Francisco Franco, sino en lo que se refiere a la ampliación de la Ley de Memoria Histórica, con propuestas que rozan derechos tan fundamentales como la libertad de opinión. Ya hemos señalado que el traslado del cadáver de Franco no supone, más allá del gesto moral, cambio trascendente alguno. Ni del pretérito cercano, pues ya nada puede alterar el hecho histórico de que Franco ganó la guerra civil y detentó la jefatura del Estado durante cuatro décadas, ni del presente de un país como España, que, pese al interesado relato de la extrema izquierda y de los separatistas, goza de una de las democracias más avanzadas del mundo, tras haber protagonizado una Transición modélica. Ni siquiera la irritación, que cabe sospechar buscada intencionadamente, entre sectores minoritarios de la sociedad, como los varios miles de personas que ayer se manifestaron en el Valle de los Caídos, cambia el hecho de que la mayoría de la población se mantiene al margen de la maniobra política socialista.

En este sentido, es necesario reiterar una advertencia contra el abuso demagógico del pasado, que no es algo que haya inventado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que acompaña a las izquierdas casi desde su articulación. Porque la batalla restrospectiva contra el franquismo y la imposición de una sola interpretación de la tragedia española, da alas a una extrema izquierda radical, que trata de identificar al «régimen de la Transición» con la dictadura, y a unos movimientos separatistas que tratan de extender la falacia de que la unidad de España es una imposición franquista y no un principio constitucional. Haría mejor el Gobierno en preservar el espíritu de la reconciliación que hizo posible la democracia que en agitar el espantajo del General. Deambular por la periferia del oportunismo no mejora en nada la vida de los españoles.