Puigdemont, convoque elecciones

La última oferta que Mariano Rajoy ha ofrecido al presidente de la Generalitat para frenar la puesta en marcha del artículo 155, lo que supondría la intervención de las instituciones de autogobierno catalanas, es que Carles Puigdemont convoque elecciones autonómicas. Esa sería la manera para salir, de momento, de una crisis que puede llevarnos a un bloqueo institucional sin precedentes. Los independentistas están fiando toda su estrategia a llevar al Estado al límite de sus posibilidades legales; tampoco descartan forzar escenas de violencia para poder rentabilizarlas. Sin embargo, mirado fríamente, se trata de un camino en el que se pueden correr más riesgos que éxitos políticos. Por un lado, crispar aún más a la sociedad catalana hasta que quede abiertamente partida en dos, con votantes diferenciados por su origen, lengua y posición en este conflicto, rompe la sueño nacionalista de «un solo país» o, dicho de otra manera: conseguirían un Estado pero perdería una nación. Por otro lado, forzar el deterioro de la economía, de la que ya empieza a haber muestras, acabará perjudicando a la base social del «proceso», que, aunque movilizado, empieza a entender que tal vez ya no se puede llegar más lejos y que habría llegado el momento de negociar resultados concretos. Esta posición sólo tendría visos de realidad con un gobierno más pragmático en el que ya no esté Puigdemont. La estrategia independentista juega con una ventaja: puede llevar la situación hasta el límite porque en estos márgenes de ilegalidad y deslealtad es donde florece lo mejor de su épica, pero que en nada ayuda a su legitimación como revuelta democrática: costará recomponer tanto su relación con el conjunto de España como con la Unión Europea, que recela de haber llevado a un estado miembro a una posición tan complicada. La convocatoria de elecciones es la mejor salida en términos democráticos: es necesario introducir sosiego, reflexión y romper una mayoría demasiado minoritaria (el 47,74% de los votantes) para proclamar la independencia. La intervención de la Generalitat supondría un rotundo fracaso para el nacionalismo, aunque se trata de un escenario deseado por los más irredentos, ya que les permitiría poner en marcha la DUI, la declaración unilateral de independencia. En definitiva, se trata de cuanto peor, mejor, de ahí la necesidad de unas elecciones que devuelva la situación a la política de los hechos. Hay muchos más escenarios posibles provocados por la tensión interior en el bloque soberanista, en especial entre el PDeCAT y ERC. Desde que el 23 de enero de 2013 el Parlament aprobase la declaración de soberanía y el «derecho a decidir del pueblo de Cataluña» se puso en marcha una estrategia de «doble legalidad»; desde entonces, las instituciones catalanas se situaron en la ilegalidad, posición que redoblaron el 6 y 7 de septiembre, el 1-O y el pasado día 10 con la declaración –o no– de independencia. Sólo unos comicios podría devolver a la política catalana a la legalidad. Y estaría dentro de la lógica de la «doble legalidad» que Puigdemont acabase convocando elecciones, de ponerse en marcha el 155, incluso durante el trámite, y convertirlas en constituyentes para así convencer a los que le acusarían de traición de que se trata de los comicios previstos en la hoja de ruta para la elaboración de la futura Constitución catalana. La oferta de Rajoy está encima de la mesa, pero antes quiere contar con el aval de Europa y demuestra su voluntad de ofrecer una salida a Puigdemont, que sería la solución más racional para frenar medidas de intervención que, después de todo, servirían para restituir la legalidad en Cataluña.