Seguridad común europea

La anunciada asistencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la gran manifestación de apoyo a la democracia francesa que se celebrará mañana en París, y a la que asistirán otros altos representantes internacionales, no debe entenderse sólo como una sentida muestra de solidaridad hacia un pueblo amigo y aliado, como así es, sino también como la expresión de una voluntad firme de hacer frente en común a la amenaza de un terrorismo, el yihadista, que actúa de manera global. Un tipo de terrorismo que exige por sus características unas medidas de prevención y vigilancia muy amplias, intensas y prolongadas en el tiempo; medidas que, para ser realmente eficaces, obligarán, sin duda, a la adopción de cambios en la legislación comunitaria que podrían afectar a los derechos individuales de las personas. Se trata de la inevitable dicotomía entre la libertad y la seguridad, que en ningún caso puede ser resuelta de manera apresurada y bajo el choque emocional de la brutalidad de los ataques. De ahí que sea preciso insistir en la absoluta conveniencia de que cualquier planteamiento de seguridad a escala europea, algo que se antoja inevitable, sea adoptado en conjunto por todos los gobiernos concernidos y sea aplicable por igual en todo el territorio de la UE. No se ganará la batalla mientras los terroristas puedan aprovechar las brechas abiertas por las distintas legislaciones, por ejemplo, de control de fronteras o de residencia, que deberán ser reforzadas, pero también sin que la sociedad tome conciencia de que la defensa de la libertad y de la democracia exige el esfuerzo de todos los ciudadanos. Por supuesto, como advertíamos al principio, no es cuestión de sacrificar en el altar de la seguridad el bien primordial que queremos defender –las libertades individuales–, pero tampoco de que los asesinos se amparen en los derechos que niegan para destruir la libertad. En el terreno del terrorismo islamista, este equilibrio se complica porque nos enfrentamos a células que, aunque tengan inspiración exterior, se forman en el interior del propio territorio europeo y en el seno de comunidades sensibles por su origen foráneo e identidad religiosa. Son grupos que actúan de manera suicida, en operaciones sin salida que buscan el objetivo de causar el mayor daño posible y provocar sensación de vulnerabilidad y división en las sociedades atacadas. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alertaba de que nos encontrábamos en un momento similar al que sucedió a los atentados del 11-S contra Estados Unidos, un momento que exige la revisión de la lucha antiterrorista común, la cual debe empezar por el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas nacionales, desde el convencimiento de que es un desafío que trasciende ideologías o intereses de partido.