Sin ley no hay democracia

La conmemoración del 40 aniversario de las elecciones del 15 de julio de 1977 con las que se abrieron las puertas de la democracia se produce en un momento en el que, por primera vez, hay opciones políticas cuya estrategia se basa en una revisión crítica de lo que supuso superar una etapa dramática de nuestra historia sin volver a la violencia. Ahora todo parece sencillo, pero no fue fácil. Se impuso un gran sentido de la responsabilidad en un momento crucial, «convencidos de que la Guerra Civil y la dictadura eran una inmensa tragedia sobre la que no cabía fundar el porvenir de España», según lo expresó ayer en su discurso Felipe VI en una sesión extraordinaria de las Cortes. No sabemos qué hubiese pasado si los políticos de entonces, a derecha e izquierda en todas sus intensidades, hubiesen preferido el enfrentamiento al diálogo, el empecinamiento ideológico al consenso. Lo cierto es que se optó por el único camino posible para evitar el enfrentamiento y «fuimos capaces de dialogar, de pactar y consensuar sin preguntarnos qué fuimos o qué éramos sino qué queríamos ser». La Constitución de 1978 aseguró un marco legal avanzado, útil y que daba respuesta a las exigencias históricas del momento. Permitió por primera vez tener un proyecto político común, un «gran proyecto de reconciliación nacional, el gran propósito nacional de unir a las dos Españas, en palabras del Rey. Y permitió, además, construir una sociedad más avanzada socialmente y dibujar un nuevo mapa territorial, ejemplo de descentralización. Que la izquierda representada por Podemos, y en menor medida por el PSOE de Pedro Sánchez –pero con un entusiasmo tacticista que deja mucho que desear– quieran «cuestionar el modelo español de impunidad» del franquismo es un mal principio para entender la España del 77, lo que supuso la política de reconciliación nacional para la construcción de un sociedad verdaderamente democrática y lo mucho que todavía nos queda por hacer. En este capítulo, el papel de los socialistas en su nueva etapa se aleja de los principios de la Transición y explora en el ignoto territorio de desenterrar muertos, algo por lo que nunca gastó su tiempo en aquellos años grises. El acto en que Unidos Podemos y PSOE participaron contra el «modelo de impunidad» representa la vuelta al enfrentamiento más trasnochado y a la renuncia a la convivencia. Es la vieja estrategia de crear dos bloques irreconciliables. Viejísima y peligrosa política. Ignorar nuestro pasado y de dónde venimos forma parte del adanismo que caracteriza a la llamada nueva izquierda radical y populista y a sus aliados circunstanciales. Don Felipe incidió de manera especial en la necesidad de mantener la convivencia que abrió el «gran pacto constitucional» que permitió años de libertad y progreso. La defensa de la legalidad es, en definitiva, la única línea que nadie debe sobrepasar. Si no se respetan esas normas, ponemos seriamente en peligro la democracia y la defensa de los derechos de los ciudadanos. No pasaron inadvertidas, aún sin mencionarla, la deriva independentista catalana, que ha optado por situarse fuera de la ley, despreciando las normas, poniendo en riesgo la convivencia y dividiendo a los españoles. Cuarenta años después de las primeras elecciones, España está ante un reto clave: que nuestra democracia sea respetada, que no se vulnere la legalidad y que nadie rompa la convivencia. Citó el Rey a Castelar cuando éste apuntó que «el menosprecio a las leyes, que nos conduce a una decadencia sin remedio, es el más terrible y el más incurable de todos nuestros defectos». En el arranque de aquella primera legislatura, Don Juan Carlos dijo: «La democracia ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla» Este sigue siendo nuestro objetivo: defender la democracia.