Un referéndum innegociable

Poner encima de la mesa el derecho de autodeterminación –o de decidir, su versión suave– en la reunión que Joaquim Torra mantendrá el próximo día 9 de La Moncloa con Pedro Sánchez es persistir en un error que condujo al desastre en el que se encuentra la vida política en Cataluña. Decimos error, aunque sería más correcto hablar de error premeditado, pues forzar una consulta bajo este derecho en un país que ejerce plenamente la democracia supondría abrir un proceso insurreccional –en el grado que se quiera–, como así advirtió el desaparecido Solé Tura a raíz de la no inclusión de esta prerrogativa en el texto constitucional, del que fue redactor. Sin embargo, el independentismo –más una parte de la izquierda cuyo empacho ideológico le lleva a estar enganchados todavía a los movimientos anticolonialistas y guevaristas– persiste en reclamar la autodeterminación aún sabiendo que Cataluña es parte de un Estado democrático, próspero y reconocidos sus derechos políticos, sino porque es la estrategia de confrontación seguida, la única que le permite acumular fuerzas y prolongar el conflicto. Persistir en querer forzar al Estado a celebrar un referéndum para decidir la independencia no sólo va en contra de la Constitución, sino que supone aceptar a la fuerza un derecho que no existe en ninguna democracia. Por lo tanto, el planteamiento de Torra de acudir a La Moncloa para negociar un referéndum está fuera de la política de lo posible, embarraría aún más el «proceso» y daría alas a la radicalización de los sectores independentistas que han entrado en una etapa de agresividad preocupante. Es un camino que ya ha sido ensayado y que ha demostrado su profundo fracasado: se ha roto la unidad civil y Cataluña está partida en dos. Por el precedente de días a atrás –sobre todo en las dos grotescas apariciones del mismísimo presidente de la Generalitat en Tarragona y Washington–, todo indica que el documento entregado a la presidencia del Gobierno no se moverá de los aspectos identitarios y movilización del independentismo: referéndum, presos y algún enganche simbólico con la izquierda. Analizado todos los pasos dados por el secesionismo para ejercer el «derecho a decidir», todos han ido sistemáticamente incumpliendo la legalidad y dejando fuera la mitad de los catalanes: aprobación en el Parlament del «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación» (27 de septiembre de 2012); la Generalitat crea el Consejo para la Transición Nacional para preparar el referéndum (23 de enero de 2013); se aprueba una nueva ley de consultas y Mas firma el decreto del 9-N (26 y 27 de septiembre), lo que provoca que el Tribunal Constitucional ordene su suspensión (31 de octubre); el Parlament declara que «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC» (9 de noviembre). Y tras su celebración y burdo engaño se reemprendió de nuevo el mismo camino: el Parlament aprueba las leyes de desconexión y referéndum, lo que fue un verdadero golpe de Estado (6 y 7 de septiembre de 2017); convocatoria de referéndum del 1-O y la consiguiente prohibición del TC (7 de septiembre) y su celebración final con un desafío inadmisible al Estado de Derecho. Desde ayer, los dirigentes independentistas están en cárceles de Cataluña: ese ha sido el máximo recorrido del «proceso». Insistir en ese viaje sólo puede llevar al enfrentamiento, que posiblemente sea lo que busquen ante la imposibilidad de que la vía unilateral salga victoriosa. Sánchez ha abierto consultas con el presidente de la Generalitat, pero si lo que está encima de la mesa es de nuevo un referéndum de autodeterminación, podemos adelantar su fracaso. Al presidente del Gobierno sólo le cabe convencer a Torra, un ejemplo de ultranacionalista, de que el independentismo debe volver a la ley, si eso es posible.