Una imputación discutible

El juez del «caso Nóos» pudo haber citado a declarar a la Infanta Cristina en calidad de testigo, con lo que ésta habría prestado testimonio por escrito, pero ha decidido que acuda al juzgado como imputada y en sábado bajo los focos en directo de los medios de comunicación. No es difícil barruntar que detrás de este salto cualitativo en la instrucción judicial existen motivaciones espurias o, cuando menos, muy discutibles desde la ortodoxia judicial y la calidad técnica. No en vano, el fiscal, que desde un principio ha investigado el caso en estrecha colaboración con el juez, sostiene que no hay indicios suficientes para imputar a Doña Cristina, por lo que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma. Pero es que, además, tampoco la acusación particular Manos Limpias ha insistido en pedir la imputación, lo que resulta llamativo. Por tanto, que la Fiscalía y la acusación particular se aparten por primera vez del criterio del juez es revelador de la inconsistencia de los indicios de este último, que llega a confesar en el auto de ayer que no se ha resistido a cerrar la instrucción sin imputar a la Infanta «para despejar la incógnita». Como si «la incógnita» no hubiera sido ya despejada en las dos ocasiones anteriores en que el magistrado rehusó la imputación por falta de pruebas. Aduce el juez, como causa principal para cambiar de opinión, que a raíz de algunos correos electrónicos aportados por Diego Torres «todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de Doña Cristina y don Carlos García Revenga era la de una utilitarista figuración». Es decir, que a la esposa de Urdangarín se le imputa no por lo que pudiera haber hecho u ocultado, sino porque su fotografía aparecía en los folletos del Instituto Nóos, del cual era vocal. La endeble consistencia del argumento retrata un auto que el fiscal se ha negado a secundar, con buena lógica, aunque sólo fuera por pudor intelectual y profesional. También sorprende que se haya dado carta de naturaleza a los correos electrónicos aportados por la defensa de Diego Torres en un goteo interminable y con evidente ánimo de chantajear. No se acierta a comprender por qué el juez ha permitido este comportamiento frívolo e irrespetuoso, que raya la tomadura de pelo; pero también asombra que no haya estudiado los correos por si tuvieran manipulaciones, fueran incompletos o sacados del contexto de una conversación más amplia. Que el instructor haya decidido imputar a la Infanta amparándose en e-mails de muy dudosa veracidad produce cierto estupor. En todo caso, habrá que esperar a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la apelación de la Fiscalía Anticorrupción. Si no lo hubiera hecho antes del día 27 próximo, el juez Castro debería aplazar la comparecencia por elementales razones éticas y de prudencia. Si no lo hiciera así, se habrá retratado definitivamente ante la opinión pública.