Una oportunidad para Londres

La Razón
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La decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido que dictamina que el Gobierno británico no puede activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa sin la aprobación del Parlamento supone una oportunidad, siquiera remota, de rectificar el error que supuso el referéndum del Brexit o, cuando menos, de plantear desde la serenidad del debate político los hechos y las consecuencias que fueron escamoteados a los votantes por la propaganda de los euroescépticos. Pocas veces, como en este caso, se ha dado el paladino reconocimiento de que una de las partes enfrentadas haya recurrido a medias verdades, cuando no a mentiras flagrantes, para conseguir el triunfo. Cabe preguntarse, por lo tanto, si muchos de los ciudadanos que votaron por la salida de la Unión Europea hubieran mantenido su voto de haber sido informados objetivamente sobre la condiciones contractuales que mantenía –y aún mantiene– su país con la Unión Europea que, por ejemplo, consentía que Gran Bretaña fuera el cuarto contribuyente a los presupuestos comunitarios cuando, por PIB, debía ser el segundo, por detrás de Alemania. Los promotores del Brexit no sólo ocultaron los hechos que no les convenían, sino que se inventaron otros –como que los turcos podrían emigrar legalmente a Reino Unido– que azuzaban la xenofobia o prometían ingresos extras para su depauperado sistema nacional de salud que la salida de la UE nunca podría proporcionar. Es más, frente a la impecable argumentación del Tribunal Supremo, la primera ministra británica, Theresa May, afirma que el Parlamento no puede contravenir el «mandato» popular y que, por lo tanto, los diputados –que en su momento se mostraron muy mayoritariamente opuestos al Brexit– desoirían a sus votantes si no ratificaban la salida de la UE. Es una argumentación que, a primera vista, parece plausible pero que, en realidad, oculta una circunstancia clave: que el referéndum sólo tenía carácter consultivo y afectaba a los derechos ciudadanos básicos. Es decir, que carecía del rango normativo necesario por sí mismo, además de obviar que, salvo excepciones, la legislación europea forma parte del corpus legal británico. Por último, pero no menos significativo, hay que señalar que el divorcio entre el Parlamento y los votantes se había producido ya con la victoria del Brexit, sin que los diputados que se habían visto desautorizados por las urnas hubieran tenido la menor intención de dimitir –como sí hizo el «premier» David Cameron– para forzar un adelanto electoral que ratificara la consulta y, entonces sí, otorgara el mandato al Gobierno resultante. De hecho, con su decisión, los magistrados del Supremo han abierto la vía del adelanto electoral que, a nuestro juicio, es la mejor opción para todos, ya que no implica, necesariamente, un cambio en el sentido del voto de la mayoría, pero éste vendría dado con mayor conocimiento de causa. En cualquier caso, a la jefa del Gobierno británico se le ha abierto el flanco que más quería guardar, el del Brexit «duro» y su pretensión de buscar problemáticos acuerdos bilaterales con cada uno de sus antiguos socios. Esa postura puede ponerse ahora en discusión por un porcentaje de diputados nada desdeñable del Parlamento que están convencidos de que se pueden aminorar los daños acordando con el conjunto de la UE, en lugar de buscar el «divide y vencerás» que se oculta detrás de las intenciones de May. Europa debe mantenerse firme frente al envite de Londres y enviar a su Gobierno mensajes inequívocos, aunque sólo sea porque, en estos momentos, es la mejor manera de ayudar a los europeístas británicos, que también cuentan.