Unos Presupuestos sociales y fiables

El trámite administrativo y político más relevante de la legislatura sin el cual la acción política pierde su eficacia y carece de ambición cumplió ayer su trámite más importante: la entrega de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la presidenta del Congreso. Desde ayer y hasta el 24 de mayo, fecha en el que se aprueban las enmiendas se abre un debate en el que la oposición, sobre todo la socialista, debería tener una actitud más receptiva. Con seis meses de retraso sólo atribuible a los apoyos que el Gobierno ha tenido que sumar para su tramitación, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desmenuzó ayer el libro de cuentas del Estado, sus ingresos, gastos. Y, sobre todo, de dónde procederá lo recaudado y en qué se va a invertir. Hay dos principios que sostienen las cuentas. De un lado, reducir el déficit público, que pasa del 3,7% del PIB hasta el 2,2%, lo que les convierte en los primeros presupuestos en cinco años que pueden dejar al país fuera del control europeo. De otra parte, los PGE «pretenden distribuir los beneficios del crecimiento económico entre los sectores de la sociedad que no tienen otra manera de recibirlos», en palabras de Montoro. Son de hecho los más sociales desde el negro periodo que abrió la crisis y que quedan concretados de manera especial en tres partidas: Salud, Educación y Protección Social (en esta última se incluyen desempleo, pensiones y otros tipos de prestaciones, como servicios sociales, fomento del empleo y acceso a vivienda). Suponen un 56% del total, una cantidad que se situaría en los 196.782 millones de euros (un 2,8% más que en 2017), cifra nunca alcanzada, de los que el 73,6% se dedicará al pago de las pensiones, lo que supone 144.834 millones. Se recupera el poder adquisitivo de los funcionarios, con un incremento del 1,9% más que en 2017 –partida donde se contempla la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional–; se aumenta el gasto en educación superior, sobre todo en becas; se incrementa la inversión en obra pública, con un 16,5%; y Cultura recupera su posición, con un 4,4% más y la reducción sustancial del IVA para la industria cinematográfica. Los PGE que ayer emprendieron su tramitación se sustentan sobre una pata fundamental: el incremento de los ingresos en un 3,9%. En total, supone 293.200 millones, de los que 115.718 millones corresponden a ingresos tributarios, que suben sustancialmente: IRPF, un 6,5%; IVA, 5,6%; y Sociedades, 4,8%. Lo fundamental en este apartado es que, según Montoro, es «compatible» la reducción impositiva del IRPF a familias y rentas más bajas con el nivel de ingreso necesario para mantener estas cuentas. Hay una derivada política que entra en la lógica de la oposición parlamentaria, pero es difícil de entender en la actual coyuntura: la posición del PSOE y su intención de presentar una enmienda a la totalidad (hay tiempo hasta el próximo día 20), desentendiéndose del borrador de las cuentas y de partidas tan sensibles como la destinada a desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se ha incrementado en 80 millones de euros y que, además, se amplía en capítulos como el de ayudas a la Dependencia, que aumenta 46 millones hasta llegar al 1.401 millones. Más inexplicable resulta esta posición cuando el PNV no apoya los PGE, no porque no les favorezcan, sino por una coyuntura política grave: levantar la aplicación de 155, como así exigen, no depende del Gobierno, sino de los independentistas con los que se han solidarizado. En este sentido, es exigible del PSOE un compromiso más constructivo: hasta el 24 de mayo hay tiempo para que el pleno del Congreso recoja las enmiendas aportadas en la Comisión de Presupuestos.