Volcados contra el fraude

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería bajar el tono de su afectada indignación en todo lo que concierne a la lucha contra el fraude fiscal que, por más que intente enrarecer los hechos, se está llevando a cabo con una energía y una eficacia encomiables. Ahí están los datos, tozudos, que demuestran lo que afirmamos: si en 2014 la Agencia Tributaria hizo aflorar 12.318 millones de euros –es decir, un 12,5 por ciento más que en el año anterior–, en el primer trimestre de 2015, las cantidades recuperadas para la Hacienda pública se elevan a 2.889 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior del 13,5 por ciento. Este aumento de la eficiencia recaudadora se debe, en buena parte, como ayer señaló el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ante la comisión de Hacienda del Congreso, a los nuevos instrumentos legales impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy, entre los que se encuentran la obligatoriedad de los contribuyentes españoles de declarar los bienes en el extranjero y, en efecto, la llamada amnistía fiscal, que, lejos de ser ese supuesto alivio para «los amigos del Gobierno» con el que la oposición intenta despachar sus graves carencias en la materia, ha resultado ser un poderoso medio para detectar delitos de índole financiera. No ocurrió lo mismo con las dos amnistías promulgadas por anteriores gobiernos socialistas, que carecían de instrumentos complementarios de inspección, algo que Pedro Sánchez suele olvidar cuando zahiere al Ejecutivo popular. Como también olvida que fue una ley socialista la que impide a la Agencia Tributaria facilitar la identidad de los ciudadanos inmersos en un proceso de inspección. Si tanto interés tiene la oposición en hacer públicos esos nombres, con independencia de que pudieran resultar inocentes de las sospechas, no tiene más que impulsar una reforma legal, con la que, por cierto, la mayoría de los juristas de un Estado de Derecho como el nuestro estaría en desacuerdo. Ayer, Santiago Menéndez suministró todos los datos a los que le autorizan la Ley y la más elemental prudencia. Porque lo que el director de la Agencia Tributaria explicó a sus señorías puede alcanzar una trascendencia social que hubiera merecido otras respuestas que las que nacen del oportunismo electorero. Se investiga, según los informes facilitados a LA RAZÓN, a 750 «personas expuestas políticamente» (PEP), acogidas a la última amnistía fiscal, por sospechas firmes de blanqueo de capitales. Son todos ellos altos funcionarios o ex funcionarios del Estado –políticos, jueces, letrados, diplomáticos–, lo que explica la necesidad de llevar a cabo las investigaciones sin trabas, aunque con todas las garantías procesales, pero que demuestra que en España se ha producido un cambio a mejor en la lucha contra el fraude y la corrupción.