España sigue presentando una de las tasas más elevadas de pobreza infantil de la Unión Europea, con cerca del 30% de los niños y niñas en riesgo extremo, frente a un 20% de la población general, una situación que debería ser inasumible para la cuarta potencia económica de la Unión Europea. Miles de familias en España están viviendo lo que ya se conoce como una «emergencia silenciosa dentro de sus propios hogares», aquella que no se ve, pero que se sufre. Garantizar el bienestar de las nuevas generaciones es una obligación que España asume desde 1990, cuando se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño y que sigue incumpliendo ante unas cifras tan horripilantes que deberían sacar los colores a un Gobierno que asegura hablar en nombre de los vulnerables y de los más débiles. Menos palabrería y más soluciones de verdad. Ese debería ser el objetivo.