La Administración de Justicia no ha sido ajena al proceso de desarrollo del Estado autonómico. Pero, como aclaró el Tribunal Constitucional, hay que distinguir entre la Administración de Justicia en sentido estricto (la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), que corresponde al Poder Judicial, y la Administración de Justicia en sentido amplio (o administración de la Administración de Justicia), que comprende la utilización de los medios materiales y personales necesarios. La denominada así administración de la Administración de Justicia es la encargada de poner a disposición del Poder Judicial los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que han adquirido competencias en materia de Justicia deben, en sus respectivos ámbitos territoriales, dotar a los tribunales del personal, instalaciones y medios materiales necesarios para el adecuado desarrollo de esa función que ostentan de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El personal no judicial tiene una doble dependencia, porque en lo funcional estarán a lo que dispongan jueces, fiscales y letrados de la Administración de justicia y, en lo orgánico, a lo señalado por la Comunidad Autónoma correspondiente, que ostenta competencias administrativas y potestad reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y dirección de personal.

En este sentido, por Real Decreto 600/2002, se produjo el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Justicia. Desde entonces, el responsable de provisionar de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia en la región es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los distintos ejecutivos de la Comunidad de Madrid se han desatendido de la administración de justicia en todos estos años. Desde el frustrado proyecto inicial de Ciudad de la Justicia, preñado de irregularidades, hasta la lamentable situación actual de la práctica totalidad de los edificios judiciales en Madrid, y sin olvidar la muy deficiente implantación de las nuevas tecnologías en las oficinas judiciales madrileñas. Madrid deshonra su capitalidad nacional en el mismo momento en que cualquier ciudadano traspasa las puertas de un Tribunal de esta Comunidad. La levedad de la responsabilidad política y administrativa sobre la justicia madrileña es así insoportable, que diría Kundera.

La gestión del turno de oficio sigue siendo deficiente y mal retribuida. No se ha tomado ninguna decisión sobre demarcación y planta judicial, ni instado la necesaria revisión de dicha planta por los responsables de la Comunidad de Madrid. Las relaciones de puestos de trabajo del personal judicial acumulan fracaso tras fracaso, con erráticas convocatorias en los concursos de traslado de los funcionarios, y sin que se haya desarrollado un eficaz calendario laboral en un diálogo de sordos de la Comunidad con los sindicatos y representantes de los trabajadores de la administración de justicia, malestar acrecentado ahora con la puesta en marcha de los Tribunales de instancia. Tampoco se han procurado los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, entre otros muchos asuntos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene pendientes en materia de Justicia. Los destacamentos e instalaciones del Ministerio Fiscal en la región no han salido mejor parados, con graves deficiencias estructurales y funcionales, así como la escasa atención prestada a las demarcaciones correspondientes en las Notarías, Registros de la Propiedad y Mercantiles, cuyos titulares son nombrados formalmente por la propia Comunidad de Madrid.

Para la modernización de la Administración de justicia en la Comunidad de Madrid es preciso, sobre todo, un importante esfuerzo inversor en muy distintos aspectos. En la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se habla de que harían falta más de 140 jueces en este momento para poder atender las necesidades que tiene la Justicia en nuestra región. Una cuestión que naturalmente solo está en manos del Ministerio de la madrileña calle de San Bernardo, tan cerca y a la vez tan alejado del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente, en fin, reformular el farragoso expediente digital para hacerlo operativo y no un obstáculo como es ahora en el trabajo judicial, así como la formación de todos en las nuevas herramientas digitales. Con rescoldos aún de la pandemia en las oficinas madrileñas, sin dotar a jueces, letrados de la Administración de justicia y funcionarios de los medios técnicos necesarios y adecuados para una nueva justicia basada en la digitalización absoluta, no se podrá jamás desempeñar en Madrid una función jurisdiccional digna, ni ahora ni tampoco mañana.

Alfonso Villagómez Cebrián,es magistrado y doctor en Derecho Administrativo.